La provincia de Santa Fe, principal productora de biodiésel de Argentina, intensifica su defensa ante las restricciones impuestas por la Unión Europea (UE) a la importación de este biocombustible. En una reunión celebrada en la Cancillería en Buenos Aires, el gobernador Maximiliano Pullaro entregó al canciller Pablo Quirno un dossier con argumentos científicos, técnicos y económicos que buscan revertir la clasificación de la soja como insumo de alto riesgo, una medida que limita el acceso del biodiésel santafesino al mercado europeo.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, explicó que el documento será incorporado a la exposición que la Cancillería presentará la próxima semana en Bruselas. Según Puccini, la medida europea podría significar una pérdida de hasta 390 millones de dólares para la provincia, afectando no solo al biodiésel sino también a la cadena de valor de la soja y sus derivados. La secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, calificó la reunión como positiva y subrayó que la normativa europea no se condice con la realidad productiva local.

El sector de energías renovables sostiene que el biodiésel argentino es una alternativa competitiva frente al gasoil importado, con un precio significativamente menor (1.800 frente a 2.900 pesos por litro). Marcelo Kusznierz, referente del sector, remarcó que Santa Fe concentra el 82% de la capacidad productiva nacional y que el país podría haber sustituido la importación de un millón de toneladas de gasoil en 2025 con producción local. Sin embargo, advierte que la falta de una política de largo plazo y la influencia de la industria petrolera frenan el desarrollo del sector.

Actualmente, el corte obligatorio de biodiésel en Argentina es del 7,5%, aunque técnicamente podría elevarse al 20%, como ya ocurre en Brasil. El tema fue debatido recientemente en la Región Centro, que agrupa a Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, y en encuentros con representantes internacionales. Tanto el gobierno provincial como el sector privado coinciden en la necesidad de una estrategia nacional que promueva la producción y exportación de biodiésel, defendiendo los intereses regionales y la soberanía energética.