La relación entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento de alta tensión en el marco de la negociación por el Presupuesto 2026. El Ejecutivo bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, denuncia que la Nación bloquea la posibilidad de acceder a financiamiento externo, mientras otras provincias avanzan con avales para obras e infraestructura.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fue contundente al señalar que "el ministro Santilli no se reunió con nosotros, pero sí con otras 20 provincias, y lo que les ofrece a cambio de la aprobación del presupuesto es darles los avales para endeudamiento". Según Bianco, esta instancia "no está pasando" en el caso de Buenos Aires, lo que impide ejecutar el endeudamiento aprobado por la Legislatura provincial y acceder a créditos internacionales para obras clave.

En contraste, provincias como Entre Ríos celebran la obtención de avales nacionales para financiar obras con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El gobernador Rogelio Frigerio destacó que "gracias al aval soberano del gobierno nacional" podrán encarar proyectos de infraestructura largamente postergados.

El gobierno bonaerense solicita autorización para tomar deuda por hasta USD 3.035 millones, pero advierte que la Nación utiliza los avales como moneda de cambio para obtener apoyo legislativo al presupuesto nacional. "Ahora lo utilizan de medio de cambio para obtener los votos para el Presupuesto", recriminó Bianco. "Históricamente, las negociaciones tenían que ver con hacer una obra, destinar recursos, etcétera. Ahora solamente te ofrecen darte un papelito que te dice: ‘si te conseguís la plata, te dejo que la ejecutes’. Es eso lo que está pasando, cosa que nos genera grandísima preocupación", agregó.

La situación se agrava por la paralización de obras como el dragado del Río Salado, fundamental para la provincia, que quedó interrumpida por la falta de fondos nacionales. El gobierno bonaerense reclama además una deuda de casi $13 billones por obras abandonadas y fondos pendientes, lo que incrementa la tensión política y financiera.

Este conflicto se inscribe en una larga historia de disputas entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno central, marcada por diferencias partidarias y la lucha por autonomía y recursos. Mientras algunas provincias avanzan con financiamiento internacional, Buenos Aires enfrenta obstáculos que ponen en riesgo proyectos estratégicos y la estabilidad fiscal provincial.