El Senado argentino aprobó la media sanción para modificar la Ley de Glaciares, una decisión que ha generado un fuerte debate entre el Gobierno, organizaciones ambientales y sectores productivos. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, redefine el alcance de la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, permitiendo que las provincias determinen qué áreas serán protegidas y cuáles podrán habilitar actividades extractivas, como la minería.

La iniciativa fue celebrada por el Gobierno nacional, que la considera un paso hacia el "federalismo ambiental" y una respuesta a los reclamos históricos de las provincias mineras, especialmente Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan. En un comunicado oficial, la Oficina del Presidente afirmó que la reforma "elimina distorsiones ideológicas y trabas artificiales que impedían el progreso", y destacó que "el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera". El presidente Javier Milei agradeció a los senadores que acompañaron la media sanción y expresó su confianza en que la Cámara de Diputados dará un tratamiento responsable para "liberar las fuerzas productivas" del país.

Sin embargo, la reforma ha sido duramente cuestionada por organizaciones ambientales y de la sociedad civil, que advierten que la iniciativa constituye una "regresión ambiental inconstitucional" y vulnera acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú y el convenio UE-Mercosur. Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y otras entidades, la modificación podría habilitar la explotación minera en áreas actualmente protegidas y traspasar a las provincias la decisión sobre la protección de los glaciares, lo que consideran "inconstitucional" y riesgoso para la seguridad hídrica nacional.

El Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), identifica 16.968 cuerpos de hielo en el país, que cumplen un rol estratégico en el abastecimiento de agua dulce y la conservación de la biodiversidad. Estudios recientes han registrado retrocesos de hasta 17% en los glaciares del noroeste argentino, atribuidos principalmente al cambio climático.

La Ley de Glaciares vigente desde 2010 prohíbe actividades extractivas en ambientes glaciales y periglaciales, y el artículo 41 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a un ambiente sano y la protección para las generaciones futuras. La reforma, que aún debe ser tratada en la Cámara de Diputados, se da en un contexto de crisis climática global y presión por inversiones mineras, y podría tener implicancias en la relación comercial con la Unión Europea, que exige mantener estándares ambientales para fomentar el comercio y la inversión.

Mientras el Gobierno sostiene que la reforma permitirá un desarrollo más eficiente y realista de los recursos naturales, los ambientalistas insisten en que se trata de un retroceso que pone en riesgo las reservas estratégicas de agua y la seguridad jurídica internacional. El debate continúa, y el futuro de la protección de los glaciares en Argentina dependerá de la decisión final del Congreso.