La detención de Daniel Orlando Serapio, principal sospechoso por el femicidio de Natalia Cruz, generó una fuerte conmoción en la localidad de Campo Quijano y en toda la provincia de Salta. Tras diez días de intensa búsqueda, Serapio fue localizado en una cueva cercana a la estación Diego de Almagro, en la precordillera salteña, gracias a un operativo conjunto que involucró a más de sesenta efectivos de distintas fuerzas, drones y la colaboración de Gendarmería Nacional, Policía Federal y fuerzas provinciales.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Luján Sodero Calvet, supervisó el procedimiento y confirmó que el detenido se encontraba deshidratado y físicamente deteriorado, pero no ofreció resistencia al momento de su captura. Según fuentes de la investigación, Serapio habría recibido ayuda para mantenerse oculto, lo que llevó a la apertura de una investigación por posible encubrimiento agravado. "La localización del imputado es un eslabón indispensable para el avance de la investigación", señaló el procurador general Pedro García Castiella, quien destacó la labor criminalística desarrollada desde el inicio del caso.

Familiares, amigos y vecinos de Natalia Cruz se concentraron en las puertas de la Delegación de Investigaciones para reclamar justicia y exigir la pena máxima para el acusado. Azucena Colque, hermana de la víctima, agradeció el apoyo del pueblo y expresó: "Es la primera vez que se grita justicia, justicia, justicia. Por nunca más Natalia, por nunca más Samira. Es la segunda vez que nos pasa como familia". La madre de Natalia, Irene Martínez, denunció negligencias policiales y hospitalarias, afirmando que su hija tenía una orden de restricción que no fue cumplida: "Si no, mi hija no estaba en el cementerio. Pido perpetua para este infeliz que nos truncó la vida".

El gobernador Gustavo Sáenz y autoridades judiciales estuvieron presentes en el lugar de la detención, manteniendo contacto con los familiares y asegurando que la investigación continuará hasta las últimas consecuencias. Sáenz dispuso una recompensa de $10 millones para quienes aportaran información sobre el paradero del sospechoso, subrayando el compromiso del gobierno provincial con el esclarecimiento del caso.

La investigación sigue su curso, con la fiscalía profundizando el análisis de los elementos criminalísticos y la búsqueda de posibles cómplices. El caso de Natalia Cruz reavivó el debate sobre la protección de las víctimas de violencia de género y la respuesta de las instituciones, generando un fuerte reclamo social por justicia y medidas efectivas para prevenir nuevos hechos.