Santiago del Estero y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentran en el centro de una controversia que involucra denuncias de despojo de tierras, investigaciones judiciales y una creciente exposición mediática sobre los vínculos entre la dirigencia deportiva y el poder político local. Vecinos de la Colonia Fiscal Sobrantes del Desierto, en el departamento de Alberdi, denuncian desde hace más de una década maniobras sistemáticas para apropiarse de tierras fiscales, presuntamente amparadas por figuras con influencia política y judicial, entre ellas el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Según documentos presentados ante la Justicia y difundidos por los denunciantes, empresas como SOMA SRL y Malte SRL, vinculadas a Toviggino y su entorno, figuran como propietarias de los terrenos en disputa. Los vecinos relatan que el esquema de despojo incluye ocupaciones violentas, generación de títulos de propiedad de dudosa legitimidad y ventas sucesivas a terceros, extendiendo los litigios judiciales durante años. "Cuando intentamos avanzar judicialmente, los ocupantes respondieron con amenazas y alegando tener la banca de Zamora", afirman los afectados, en referencia al exgobernador Gerardo Zamora.

El conflicto ha escalado a nivel nacional, especialmente tras la reiterada elección del Estadio Madre de Ciudades como sede de finales del fútbol argentino. Funcionarios provinciales, que hasta ahora habían evitado pronunciarse, comenzaron a defender públicamente la gestión deportiva y el impacto económico del estadio. La ministra de Educación, Mariela Nassif, y otros referentes del oficialismo destacaron el aporte del deporte a la provincia, minimizando las críticas sobre el uso de recursos públicos y la centralización de eventos deportivos.

Paralelamente, la Justicia investiga posibles maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos públicos que involucran a dirigentes como Gerardo Montenegro y a la fiscal Indiana Garzón. Las causas judiciales han puesto bajo la lupa la relación entre la AFA, el gobierno provincial y la administración de recursos, en un contexto de creciente cuestionamiento sobre la transparencia y la equidad en el fútbol argentino.

El caso refleja la compleja trama de intereses entre política, deporte y economía en Santiago del Estero, y anticipa un debate más amplio sobre la transparencia institucional y el uso de fondos públicos en el país.