La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este jueves que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá continuar utilizando una tobillera electrónica mientras cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad. El máximo tribunal rechazó los recursos presentados por la defensa de la exmandataria, que cuestionaban tanto la colocación del dispositivo de monitoreo como el endurecimiento del régimen de visitas impuesto por el Tribunal Oral Federal N°2.

En su fallo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que los argumentos de la defensa carecían de la fundamentación necesaria para revertir las medidas. “El dispositivo de monitoreo electrónico resulta, por regla, una exigencia normativa, cuya inconstitucionalidad no ha sido planteada”, señalaron los magistrados, y agregaron que la medida es indispensable para asegurar el cumplimiento de la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

La decisión judicial se produce luego de que el Tribunal Oral Federal N°2 endureciera el régimen de visitas a raíz de la difusión de una fotografía en la que Kirchner aparece reunida con varios economistas en su domicilio. A partir de ese episodio, se estableció un máximo de dos horas por visita, dos veces por semana y hasta tres personas a la vez, además de la necesidad de autorización previa para quienes no integren el círculo íntimo de la exmandataria.

En paralelo, el juez federal Jorge Gorini autorizó a Cristina Kirchner a acceder a la terraza del edificio donde cumple arresto domiciliario, por un máximo de dos horas diarias, equiparando este beneficio a la salida al patio prevista para internos en establecimientos penitenciarios.

La expresidenta fue condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz. La Corte Suprema dejó firme la condena en junio de 2025, y desde entonces se han implementado controles estrictos sobre el cumplimiento de la pena.

La defensa de Kirchner sostiene que las restricciones impuestas son arbitrarias y afectan derechos constitucionales, mientras que la Justicia argumenta que las medidas son necesarias para garantizar el control judicial. El fallo representa un nuevo revés para la exmandataria y refuerza la postura de la Corte Suprema en casos de corrupción de alto perfil. Se espera que la Sala IV de la Cámara de Casación Penal escuche a las partes en una próxima audiencia para evaluar posibles modificaciones al régimen actual.