El inspector de la Policía Federal Argentina, Nicolás Emanuel Céspedez, fue procesado por la jueza María Servini tras ser identificado como responsable de agredir a la jubilada Beatriz Blanco durante una manifestación frente al Congreso Nacional el pasado 12 de marzo. El episodio, que ocurrió en la intersección de las avenidas Rivadavia y Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se produjo en el marco de una protesta de jubilados contra la reforma laboral.

Según la investigación judicial, Céspedez empujó a Blanco, de 82 años, provocando su caída y causándole un traumatismo craneoencefálico y una herida cortante en la región occipital. El informe del Cuerpo Médico Forense confirmó que las lesiones requirieron atención hospitalaria, aunque no hubo pérdida de conocimiento. La jueza Servini consideró que el uso de la fuerza fue "desmedido, desproporcionado y exagerado", y subrayó que el policía "tuvo la voluntad de atacar físicamente" a la víctima, quien necesitaba un bastón para movilizarse.

En su declaración, Blanco relató: “Pensé que me estaba muriendo”, al describir el momento posterior a la agresión. La resolución judicial también determinó un embargo de 40 millones de pesos sobre el imputado y lo citó a presentarse ante el juzgado para ser notificado. Otro efectivo, acusado de uso de gas pimienta, fue sobreseído por falta de pruebas.

El caso se inscribe en una investigación más amplia sobre el accionar de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones, en un contexto de creciente tensión social y económica. Organizaciones de derechos humanos y sectores sindicales repudiaron el operativo y exigieron garantías para la protesta pacífica. La decisión judicial es considerada un precedente relevante en la lucha contra la violencia institucional y reabre el debate sobre los protocolos de actuación policial en manifestaciones públicas.

El gobierno y la justicia enfrentan ahora el desafío de revisar y ajustar los procedimientos de seguridad para evitar nuevos episodios de represión y garantizar el respeto a los derechos ciudadanos.