El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, intensifica las negociaciones en la Legislatura bonaerense para lograr la aprobación del Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y un endeudamiento por USD 3.865 millones. La urgencia responde a la necesidad de garantizar aumentos salariales y el pago de aguinaldos a empleados estatales y municipales, en un contexto de fuerte presión financiera y política.

El paquete de leyes, que ya obtuvo dictamen en comisión para el Presupuesto y la Ley Impositiva, enfrenta trabas en el capítulo del endeudamiento, que requiere una mayoría agravada de dos tercios en ambas Cámaras. La oposición, integrada por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, exige la creación de un fondo fijo de $600.000 millones para los municipios y la designación de cargos en organismos provinciales, como condiciones para acompañar la iniciativa.

Más de 80 intendentes han manifestado su preocupación por la posibilidad de no poder afrontar el pago de salarios y aguinaldos en diciembre si no se aprueban los fondos. "Hay más de 80 de nosotros que no pueden pagar salarios", advirtió un jefe comunal del interior bonaerense. Ante este escenario, Kicillof duplicó la propuesta de fondos para los municipios, comprometiendo que un tercio de la nueva deuda se distribuirá entre las 135 comunas.

Las negociaciones se desarrollan en medio de internas dentro del peronismo y tensiones con la oposición. El oficialismo busca ordenar sus propias filas mientras intenta acercar posiciones con los bloques opositores. "Necesitamos dos tercios para aprobar el financiamiento que tiene que ver con el funcionamiento básico de la provincia", sostuvo Kicillof, quien también subrayó que la provincia de Buenos Aires es la que menos gasta por habitante en el país.

El desenlace de las negociaciones será clave para el funcionamiento de la administración provincial. Si el proyecto no se aprueba la próxima semana, el recambio parlamentario podría dejarlo fuera de agenda. Además, la discusión por cargos judiciales y en organismos de control añade complejidad al debate. Organizaciones sociales y de derechos humanos han solicitado que se garantice la paridad de género en futuras designaciones en la Suprema Corte bonaerense.

El resultado de estas negociaciones definirá no solo el cierre financiero del año, sino también la capacidad de la provincia para afrontar sus compromisos salariales y de gestión en un contexto de alta incertidumbre política y económica.