El Gobierno nacional confirmó el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo, anteriormente conocido como Potenciar Trabajo, una medida que afecta a cerca de 900.000 beneficiarios en todo el país. Desde abril de 2026, quienes recibían una transferencia mensual de $78.000 dejarán de percibir este ingreso, en el marco de un giro en la política social impulsado por el Ministerio de Capital Humano.

Según fuentes oficiales, la decisión responde al cumplimiento del plazo de 24 meses establecido al inicio de la gestión para este tipo de asistencia. En reemplazo, el Estado implementará un sistema de vouchers de capacitación laboral, eliminando la intermediación de organizaciones sociales y vinculando la ayuda pública exclusivamente a la formación demostrable. "El modelo anterior de transferencias masivas no logró la inserción laboral real", sostienen desde el Gobierno, que apuesta ahora por la educación técnica y la formación profesional como motores de movilidad social.

El cierre del programa generó una fuerte reacción de organizaciones sociales y movimientos piqueteros, que organizaron más de 100 cortes y protestas en todo el país el martes 7 de abril. Los manifestantes denuncian que la eliminación de la asistencia afecta no solo a los beneficiarios directos, sino también al funcionamiento de comedores y dispositivos comunitarios en barrios populares. "No hay ninguna 'vuelta al trabajo', es más ajuste sin ninguna salida", expresaron referentes de las organizaciones.

El monto de $78.000, congelado desde 2023, había perdido gran parte de su poder adquisitivo debido a la inflación, lo que generó críticas entre los beneficiarios. Sin embargo, el Gobierno estima que la eliminación de estos planes permitirá un ahorro de $60.000 millones mensuales, parte de los cuales se destinarán a reforzar el presupuesto de escuelas vulnerables y a implementar la doble jornada escolar.

La transición hacia el nuevo sistema de vouchers no implica la exclusión automática de los beneficiarios, quienes podrán manifestar su voluntad de participar en los programas de formación. No obstante, el clima social se mantiene tenso y se prevén nuevas protestas en los próximos meses, mientras el Gobierno sostiene que la reforma es necesaria para lograr una inserción laboral genuina y sostenible.