La presentación de los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre en Argentina ha generado una intensa controversia política y judicial. El Gobierno, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), realizó un simulacro de escrutinio provisorio que reveló la intención de mostrar un conteo nacional unificado, favoreciendo a La Libertad Avanza, la única fuerza política que compite con el mismo nombre en todos los distritos del país. Esta decisión, inédita en la historia electoral argentina, ha sido interpretada por la oposición como una maniobra para influir en la percepción pública y en los mercados financieros.

El peronismo, principal fuerza opositora, compite bajo diferentes sellos provinciales en once distritos, lo que, según la propuesta del Gobierno, dejaría fuera del conteo nacional a una parte significativa de sus votos. Apoderados de Fuerza Patria y otros partidos aliados han anunciado que presentarán denuncias penales y recursos judiciales ante la Cámara Nacional Electoral y juzgados federales, exigiendo que sus votos sean contabilizados en conjunto, independientemente del nombre local utilizado en cada provincia.

La polémica se intensificó tras el simulacro realizado en la sede del Correo Argentino, donde fiscales y apoderados de distintos partidos expresaron su preocupación por la carga y procesamiento de actas, así como por la proyección de un resultado nacional que, en rigor, no existe en la legislación electoral argentina. El artículo 105 del Código Nacional Electoral solo permite informar resultados por distrito, y no contempla la suma nacional para cargos legislativos.

Desde el Gobierno, funcionarios han señalado que el método de presentación de resultados aún no está definido, pero reconocen que la intención es mostrar una sumatoria nacional similar a la utilizada en elecciones presidenciales. La oposición, por su parte, considera que esta estrategia busca construir una "foto de triunfo" para el oficialismo, con el objetivo de influir en la reacción económica y política tras la jornada electoral.

En respuesta, el peronismo está desarrollando una aplicación propia para difundir sus resultados unificados, agrupando los votos de todas las expresiones provinciales que integran la coalición. Además, otros espacios como Provincias Unidas y el Frente de Izquierda-Unidad han anunciado que impugnarán la medida, argumentando que la DINE no puede modificar criterios establecidos por el Código Electoral.

Fuentes judiciales consultadas han aclarado que el escrutinio provisorio es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo y carece de validez legal, aunque su impacto político y mediático es significativo. Se espera que la Cámara Nacional Electoral tenga un papel central en la resolución de este conflicto, que pone en evidencia la alta polarización y la tensión institucional en la antesala de los comicios.

La disputa por la forma de presentar los resultados refleja no solo la competencia entre oficialismo y oposición, sino también la importancia de la narrativa electoral en un contexto de presión internacional y volatilidad económica. El desenlace de este conflicto podría tener implicaciones relevantes para la legitimidad y transparencia del proceso electoral argentino.