La provincia de Santa Fe se encuentra en la recta final de un proceso histórico: la reforma de su Constitución, que no había sido modificada desde 1962. Tras seis semanas de trabajo intenso, la Convención Constituyente cerró el ciclo de dictámenes en sus comisiones temáticas, dando forma a un nuevo marco institucional que redefine el equilibrio de poderes y amplía el catálogo de derechos ciudadanos.

Entre los cambios más relevantes, se habilita una sola reelección para cargos ejecutivos y legislativos, incluyendo al actual gobernador Maximiliano Pullaro. El sistema de mayoría automática en la Cámara de Diputados será reemplazado por el sistema D’Hondt puro, lo que obligará a los futuros oficialismos a negociar y dialogar para alcanzar consensos legislativos. Además, se prohíbe la emisión de decretos de necesidad y urgencia, fortaleciendo el control institucional y la transparencia.

El rediseño judicial contempla la fijación de un límite de edad para jueces de la Corte Suprema, la creación de un Ministerio Público independiente y la modificación de los procedimientos de designación y sanción de magistrados. La autonomía municipal se consolida, permitiendo a todas las localidades dictar sus propias cartas orgánicas y fortaleciendo la cooperación interjurisdiccional en áreas metropolitanas como Rosario y Santa Fe.

La reforma incorpora nuevos derechos de última generación, como los digitales, la protección ambiental, el acceso al agua como bien colectivo y la tutela efectiva de consumidores y usuarios. También se suman mecanismos de participación ciudadana, como la iniciativa popular, el referéndum vinculante y la revocatoria de mandatos, junto a audiencias públicas obligatorias en temas ambientales y de servicios públicos.

El proceso no estuvo exento de controversias. La Coalición Cívica-ARI y La Libertad Avanza presentaron dictámenes propios y expresaron fuertes críticas al dictamen oficialista, advirtiendo sobre el riesgo de concentración de poder y control político sobre la Justicia. "La propuesta implica una peligrosa suma del poder público", señalaron en un comunicado, anticipando acciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por su parte, convencionales oficialistas y aliados destacaron el consenso alcanzado en la mayoría de los bloques y la importancia de modernizar la Constitución para adecuarla a los desafíos del siglo XXI. "Queremos una tecnología al servicio de los derechos humanos”, afirmó la socialista Gisel Mahmud, celebrando la incorporación de derechos digitales y medidas de acción positiva.

La reforma constitucional santafesina representa un avance significativo en la institucionalidad provincial, con potencial impacto en la gobernabilidad, la justicia y la vida cotidiana de los ciudadanos. Las próximas semanas serán decisivas para la aprobación final y la puesta en práctica de los nuevos equilibrios y derechos consagrados.