La Sala I de la Cámara Federal rechazó el pedido del diputado José Luis Espert, representante de La Libertad Avanza, para archivar la causa en su contra por presunto discurso de odio y violencia. La denuncia, presentada por los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño, se originó tras declaraciones de Espert en redes sociales en las que exigía "cárcel o bala" para referentes de sectores políticos de izquierda.

El juez federal Sebastián Casanello ya había desestimado el pedido de archivo en primera instancia, argumentando que existían elementos suficientes para continuar con la investigación. Ante la apelación de Espert, la Cámara Federal ratificó la decisión y confirmó la continuidad del proceso judicial.

Las expresiones de Espert generaron una fuerte polémica pública y motivaron la presentación penal por parte de Bregman y Del Caño, quienes sostienen que dichos discursos incitan a la violencia y se reproducen a través de estructuras digitales afines al diputado. "La investigación continúa, aunque a Espert no le guste", afirmó Bregman tras conocerse la resolución judicial.

El expediente judicial seguirá su curso en el juzgado federal a cargo de Casanello, donde se analizará si las declaraciones de Espert constituyen delitos que ameriten sanción penal. El caso marca un precedente en la evaluación de la responsabilidad política y judicial de figuras públicas respecto a la incitación a la violencia.

Por su parte, Espert y sus aliados han calificado la causa como una persecución política, mientras que los denunciantes insisten en la importancia de investigar y sancionar la difusión de discursos de odio. El fallo judicial refuerza el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de los funcionarios públicos en sus manifestaciones públicas, en un contexto de creciente polarización y violencia verbal en el ámbito político argentino.