La Justicia bonaerense ordenó a una entidad financiera indemnizar con más de 36 millones de pesos a una mujer de Mar del Plata, quien fue incluida erróneamente como deudora morosa en los registros crediticios y sufrió el embargo de su salario por una deuda que nunca contrajo. El caso, que se extendió durante varios años, reveló graves fallas en los mecanismos de validación de identidad y manejo de datos personales dentro del sistema financiero argentino.

Según consta en la sentencia del Juzgado Civil y Comercial n.° 4 de Mar del Plata, la afectada, de 39 años, descubrió en agosto de 2018 que figuraba como deudora "irrecuperable" en el Banco Central de la República Argentina. Esta calificación le generó rechazos en solicitudes de crédito, contratos de alquiler y oportunidades laborales. A pesar de sus gestiones para esclarecer el origen de la deuda, no obtuvo respuestas satisfactorias y debió recurrir a la vía penal por estafa.

La financiera, con sede en Chaco, alegó que el crédito fue solicitado en 2013 por una persona que presentó documentación a nombre de la reclamante. Sin embargo, la empresa no pudo aportar el contrato firmado ni pruebas fehacientes de la identidad de la solicitante, reconociendo la desaparición del legajo original. El juez consideró que la inclusión de la mujer en los registros de morosos careció de sustento jurídico y que la empresa no cumplió con los estándares mínimos de diligencia exigibles.

A pesar de que la afectada logró que la empresa cesara la publicación de datos negativos en 2018, la entidad no rectificó formalmente la información ante el Banco Central ni detuvo el proceso ejecutivo en Chaco. Como resultado, en mayo de 2025 se efectivizó un embargo sobre su salario por $102.534,52. El fallo reconoció daños emergentes, incapacidad parcial y permanente del 5% por estrés y ansiedad, gastos de tratamiento psicológico, daño moral y una multa civil por la gravedad de la conducta empresarial.

La suma total reconocida asciende a $36.106.480,97, más intereses, y la financiera deberá rectificar o suprimir cualquier dato negativo en los registros crediticios. El fallo se fundamenta en la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Protección de Datos Personales, subrayando la obligación de las empresas de garantizar la veracidad de la información y la protección de los derechos de los consumidores. El caso resalta la importancia de controles más estrictos en el sistema financiero para evitar daños irreparables a los usuarios.