El exsenador nacional argentino Edgardo Kueider fue condenado a dos años de prisión en suspenso por la Justicia de Paraguay, tras ser hallado culpable de tentativa de contrabando de divisas. Su secretaria y pareja, Iara Guinsel, recibió una pena de un año y diez meses bajo la misma modalidad. Ambos evitarán la cárcel, pero continuarán bajo arresto domiciliario hasta que se resuelvan otros procesos judiciales en su contra.

La detención ocurrió el 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel intentaron ingresar a Paraguay por el Puente Internacional de la Amistad, transportando 211.102 dólares estadounidenses, 646.000 guaraníes y 3,9 millones de pesos argentinos sin declarar. El tribunal, integrado por las juezas Elsa García y Adriana Planás y el juez Matías Garcete, consideró que el ingreso de dinero en efectivo sin declaración constituye tentativa de contrabando, ya que ambos conocían el procedimiento por haber cruzado la frontera en otras ocasiones.

Durante el juicio, Kueider negó haber cometido delito alguno y denunció una persecución política en su contra, señalando que el proceso judicial fue resultado de una confabulación entre la política, la justicia y los medios argentinos. "Ni yo ni Iara Guinsel hemos venido a Paraguay a cometer ilícitos", afirmó el exsenador, quien anticipó que apelará la condena.

La fiscalía había solicitado penas mayores, pero el tribunal dictó condenas menores a las requeridas. Además, ambos enfrentan procesos por presunto lavado de dinero en Paraguay, relacionados con la compra de departamentos y cocheras en Asunción, y causas abiertas en Argentina por enriquecimiento ilícito. La justicia argentina solicitó la extradición de Kueider, que fue aprobada por Paraguay, por lo que podría ser detenido al regresar al país.

El caso ha generado debate sobre la transparencia y el control de fondos en la política argentina, así como sobre la aplicación de la ley en casos de contrabando de divisas. Mientras la defensa sostiene que el dinero no constituye mercancía y que no corresponde la figura de contrabando, el tribunal y la fiscalía consideran que el intento de ingreso sin declarar configura un delito. El desenlace judicial en Argentina podría tener implicancias para otros procesos similares en la región.