La provincia de Entre Ríos atraviesa una semana de alta conflictividad sindical, marcada por el rechazo de los gremios estatales y docentes a las propuestas salariales del Gobierno y la inminente discusión legislativa de la reforma previsional. El lunes 13 de julio, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) realizó un plenario virtual para definir los pasos a seguir tras rechazar dos ofertas salariales presentadas por el Poder Ejecutivo. La propuesta oficial contemplaba un aumento del 6% en dos tramos (3% en julio y 3% en septiembre), además de elevar el salario mínimo docente a $850.000 y mejorar conceptos como Fopid y Conectividad entre un 20% y un 28%. Sin embargo, tanto Agmer como los sindicatos estatales UPCN y ATE consideraron insuficiente la oferta y reclamaron una mejora sustancial.

El Gobierno provincial, por su parte, convocó a una nueva audiencia paritaria para el martes 14, en un intento por destrabar el conflicto y evitar medidas de fuerza. "Esperamos una propuesta superior, que esté a la altura de lo que necesitan los trabajadores", expresó Oscar Muntes, secretario general de ATE. Carina Domínguez, secretaria adjunta de UPCN, advirtió sobre el contexto "sumamente complicado" que atraviesan los empleados públicos y señaló que "la pérdida del poder adquisitivo es insostenible".

En paralelo, la reforma previsional propuesta por el Ejecutivo provincial será tratada esta semana en el Senado, tras obtener dictamen de mayoría en las comisiones de la Legislatura. La Multisectorial, que agrupa a diversos sindicatos y organizaciones sociales, convocó a un paro y movilización para el miércoles 15 en rechazo al proyecto, al que califican como un "plan de saqueo" que implica aumento de la edad jubilatoria, recortes en pensiones y cambios en el cálculo del haber jubilatorio. "Ha llegado la hora de definir de qué lado están y asumir las consecuencias", advirtieron desde la Multisectorial a los legisladores.

El conflicto salarial y previsional en Entre Ríos se desarrolla en un contexto de crisis económica, caída de recursos provinciales y creciente malestar entre los trabajadores estatales, cuyas paritarias funcionan como referencia para otros sectores. El desenlace de las negociaciones y el debate legislativo marcarán el rumbo de la administración pública en las próximas semanas.