La provincia de Santa Fe vive un momento histórico con la aprobación de los primeros cambios en su Constitución, tras más de seis décadas sin reformas. La Convención del 25, encargada de la reforma constitucional, sancionó modificaciones que impactan en el régimen político, la seguridad social y la gestión pública. Entre los puntos más relevantes se encuentra la habilitación de la reelección del gobernador, permitiendo que Maximiliano Pullaro pueda competir por un segundo mandato en 2027. Esta decisión fue respaldada por una mayoría de 51 convencionales, con el apoyo de la coalición Unidos y sectores del peronismo, y rechazada por 16.

La reforma también introduce la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones, asegurando la movilidad de las pensiones y la protección de los recursos previsionales. Se establecen mecanismos de democracia semidirecta, como la revocación de mandatos y la consulta popular, fortaleciendo la participación ciudadana en la vida política provincial. Además, se ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, incorporando este principio en la nueva Carta Magna.

En materia de seguridad pública, la Constitución santafesina garantiza el derecho a vivir en un entorno seguro, libre de violencias y amenazas, y promueve la capacitación continua de las fuerzas de seguridad. Se establecen políticas públicas integrales y mecanismos de control y rendición de cuentas, con énfasis en la transparencia y la protección de derechos fundamentales.

El sistema de elección de diputados también se modifica, eliminando la mayoría automática y adoptando un esquema proporcional, aunque algunos sectores opositores advierten sobre la falta de claridad en el método específico. Asimismo, se amplían las facultades de indulto del gobernador, lo que ha generado críticas por parte de la oposición, que teme un posible uso discrecional en casos de violencia institucional.

La reforma contempla la modernización de los servicios públicos, la promoción de la gestión eficiente y transparente, y el fortalecimiento del federalismo de concertación. El proceso ha involucrado intensos debates, dictámenes de mayoría y minoría, y la participación de diversos actores políticos y sociales. Mientras el oficialismo celebra la modernización institucional y la inclusión de mecanismos de participación ciudadana, sectores opositores expresan preocupación por la concentración de poder y la paralización de la Legislatura.

Con estos cambios, Santa Fe avanza hacia una nueva etapa en su vida institucional, buscando consolidar un Estado más democrático, eficiente y participativo, con impacto directo en la vida de sus habitantes y en el desarrollo económico y social de la provincia.