El año 2025 cerró con un giro histórico en la justicia argentina: varios ex funcionarios kirchneristas, incluida la ex presidenta Cristina Kirchner, pasarán el 2026 privados de su libertad tras la confirmación de condenas firmes por corrupción y administración fraudulenta. La Corte Suprema ratificó las sentencias en causas emblemáticas como Vialidad y la tragedia de Once, lo que derivó en detenciones efectivas y el inicio de una etapa inédita de ejecución de penas y decomisos millonarios.

Cristina Kirchner comenzó a cumplir una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos bajo arresto domiciliario, tras ser hallada culpable de administración fraudulenta en la causa Vialidad. En este expediente, se investigó el direccionamiento del 80% de la obra pública vial nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas. La Justicia fijó un decomiso histórico de cerca de 685 mil millones de pesos, marcando un precedente en la recuperación de fondos públicos.

Junto a la ex mandataria, otros ex funcionarios clave como José López, Julio De Vido, Nelson Periotti y el empresario Lázaro Báez también cumplen condenas firmes. López, recordado por el episodio de los bolsos con dólares en un convento, fue el primer detenido tras la confirmación de las sentencias y permanece en la cárcel de Ezeiza. De Vido, ex ministro de Planificación Federal, fue condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta en la causa por la tragedia de Once, aunque fue absuelto del delito de estrago culposo. Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, también cumple condena por el mismo caso.

El proceso judicial incluyó años de investigaciones, juicios orales y apelaciones. Con la confirmación de las condenas, la discusión sobre la responsabilidad penal quedó cerrada y el foco para 2026 estará en la ejecución efectiva de las sentencias: embargos, remates y liquidación de bienes. Los recursos pendientes se limitan a planteos formales sobre la modalidad de cumplimiento de las penas.

La defensa de algunos condenados ha solicitado arresto domiciliario por razones de salud y edad, con resultados dispares. Mientras tanto, la sociedad argentina y diversos sectores políticos observan el avance judicial como un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción, con implicaciones que podrían extenderse a futuras investigaciones y procesos.