El proceso de privatización en el sector energético argentino dio un paso clave con la presentación de dos ofertas técnicas para la importación de Gas Natural Licuado (GNL), en el marco de la licitación impulsada por Energía Argentina (ENARSA). Esta medida, que forma parte de la política oficial de desinversión y retiro del Estado de actividades comerciales, busca transferir la operatoria de importación y comercialización de GNL al sector privado durante el invierno de 2026.

Según el cronograma oficial, la apertura de las ofertas económicas se realizará el 13 de abril y la adjudicación está prevista para el 21 de abril. El operador privado seleccionado será responsable de importar, regasificar y comercializar el GNL en el mercado interno, cubriendo el período de mayor demanda, entre abril y septiembre. El criterio de adjudicación será económico, priorizando la oferta que garantice el menor costo posible para el Estado, considerando tanto el precio internacional del gas como los costos logísticos asociados.

Hasta ahora, ENARSA importaba GNL a valores internacionales y lo revendía en el mercado interno a precios subsidiados, absorbiendo la diferencia con fondos públicos. Con el nuevo esquema, el Estado dejará de subsidiar la importación y el riesgo comercial pasará al sector privado. "Nosotros lo que queremos es que pague el GNL el que lo usa", afirmó la secretaria de Energía, María Tettamanti, destacando que la medida busca eliminar incentivos mal alineados y reducir el gasto estatal en subsidios.

En paralelo, el Gobierno avanza en la venta de la participación estatal en Citelec, la sociedad controlante de Transener, la principal transportadora de energía eléctrica del país. Esta operación, en línea con la Ley Bases y la política de privatización, apunta a captar nuevos fondos para el Tesoro Nacional y atraer inversiones privadas para el desarrollo del sector.

La decisión de privatizar responde a la necesidad de garantizar el abastecimiento energético ante las limitaciones de transporte de gas local y a la búsqueda de mayor eficiencia y transparencia en la gestión. El proceso ha sido presentado como una oportunidad para establecer reglas claras y fomentar la competencia en el sector energético argentino.