Una investigación judicial ha puesto en el centro de la escena a Matías López, comisario general de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y a Claudio Umaño, actualmente detenido con prisión preventiva por lavado de activos agravado. El expediente, a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, revela a través de chats de WhatsApp la relación entre ambos y la presunta venta de un complejo de cabañas en Cañuelas, operación que la justicia considera parte de una maniobra de lavado de dinero proveniente del contrabando de metales.

Según la investigación, Umaño habría adquirido el complejo "El Abuelo Paisa" por US$2,8 millones, con un pago inicial de US$50.000 y el compromiso de abonar 60 cuotas mensuales. La propiedad, según la fiscalía, pertenecía a López y su esposa, quienes constituyeron una sociedad en 2009 y figuran como titulares de otros bienes. Las conversaciones extraídas del celular de Umaño detallan negociaciones, visitas al predio y referencias a la titularidad del inmueble, así como la intención de López de mudarse a Córdoba.

El 3 de enero de 2024, López ascendió a comisario general y compartió la noticia con Umaño, lo que refuerza la cercanía entre ambos. La fiscalía sostiene que la operación inmobiliaria fue una maniobra de lavado, mientras que Umaño, en su declaración, negó ser dueño del complejo y afirmó dedicarse a la compra y reciclaje informal de metales, sin relación con el contrabando ni el lavado de activos. "No tengo nada que ver con contrabando, con lavado de activos, ni nada por estilo", declaró Umaño, quien también explicó que su actividad es informal y trabaja con recolectores de residuos.

La jueza Arroyo Salgado, sin embargo, consideró probada la vinculación de Umaño con el entramado ilícito, señalando que las pruebas digitales y testimonios acreditan la maniobra. El caso ha derivado en el procesamiento de nueve personas y el embargo de bienes por sumas millonarias, generando preocupación sobre posibles conexiones entre miembros de las fuerzas de seguridad y delitos económicos en la provincia de Buenos Aires. El avance de la causa podría tener implicancias en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción policial en la región.