Argentina intensificó su defensa en el juicio internacional por la expropiación de YPF, solicitando a la jueza Loretta Preska, del tribunal de Nueva York, que reconsidere la orden de entregar correos electrónicos y mensajes privados de funcionarios nacionales. La medida judicial, dictada a fines de julio, exige la recolección de comunicaciones personales y oficiales de figuras como el ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa, en el marco del proceso de "discovery" destinado a probar que entidades como YPF y el Banco Central actúan como "alter ego" del Estado argentino.

La defensa argentina argumenta que, bajo el derecho estadounidense, solo pueden ordenarse documentos bajo "posesión, custodia o control" del requerido, y que el Estado no tiene acceso a dispositivos personales de sus funcionarios. Además, sostiene que el derecho argentino considera estos elementos como propiedad inviolable de sus titulares. Por ello, se presentaron dos mociones: una para reconsiderar la entrega de comunicaciones y otra para limitar el alcance del "discovery" sobre activos no susceptibles de ejecución, citando jurisprudencia relevante como el caso NML Capital.

El litigio, iniciado tras la expropiación de YPF en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner, ha derivado en una condena contra Argentina por más de USD 16.000 millones, cifra que podría superar los USD 18.000 millones con intereses. Los demandantes, Burford Capital y Eton Park, buscan demostrar que activos de empresas estatales pueden ser embargados para cumplir la sentencia. En paralelo, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió la entrega de acciones de YPF hasta que se resuelva la apelación, permitiendo que el Estado mantenga la participación mayoritaria en la petrolera.

El Ministerio de Economía celebró la decisión como un paso estratégico en la defensa de los intereses nacionales, mientras que los demandantes continúan presionando por el cobro anticipado de la indemnización. El tribunal también aceptó la participación del gobierno de Estados Unidos como "amicus curiae" en apoyo a Argentina. La próxima audiencia clave está prevista para el 29 de octubre de 2025, donde las partes expondrán sus argumentos ante el tribunal, aunque la sentencia final podría demorarse hasta mediados de 2026. El caso sigue generando repercusiones políticas y económicas, con implicaciones para la seguridad jurídica y el manejo de activos estratégicos del país.