La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el pedido del Gobierno argentino de reconsiderar la orden que obliga a entregar correos electrónicos, chats y otras comunicaciones de altos funcionarios involucrados en el caso de la expropiación de YPF. La decisión, que afecta tanto a funcionarios actuales como a exfuncionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández, se enmarca en el proceso de "discovery" del derecho estadounidense, utilizado para localizar activos susceptibles de embargo.

El Gobierno argentino, a través de la Procuración del Tesoro, había solicitado que se reevalúe la medida, argumentando que no tiene posesión ni control sobre los dispositivos personales de los funcionarios y que la legislación local protege la inviolabilidad de dichos elementos. Sin embargo, la jueza Preska sostuvo que, aunque el Estado no tenga posesión directa, sí mantiene "control" sobre las comunicaciones requeridas, por lo que ratificó la orden judicial.

La medida busca facilitar a los demandantes, principalmente los fondos Burford Capital y Eton Park, el acceso a información que demuestre que entidades como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación operan como "alter ego" del Estado argentino. De esta manera, los fondos intentan embargar activos estatales para cobrar la sentencia de USD 16.000 millones, más intereses, dictada por la expropiación de la petrolera en 2012.

El proceso judicial ha incluido negociaciones sobre el alcance de la información a entregar, limitándose a búsquedas por palabras clave como "YPF" y "Banco Central". Entre los funcionarios afectados figuran el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa. La Procuración del Tesoro considera la decisión "incorrecta" y analiza las vías procesales para su impugnación, mientras que aún está pendiente la resolución de una moción para limitar el discovery únicamente a activos potencialmente ejecutables, conforme a jurisprudencia relevante como el caso NML Capital.

En paralelo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió que Argentina podrá mantener las acciones de YPF en la Caja de Valores mientras se desarrolla la apelación, evitando así la entrega inmediata de esos títulos. El Ministerio de Economía celebró la decisión, destacando la participación del gobierno de Estados Unidos como "amicus curiae" a favor del país.

Este fallo representa un nuevo capítulo en el extenso litigio internacional por la expropiación de YPF, con implicancias sobre la soberanía de los activos estatales y la protección de datos personales de funcionarios públicos.