Una niña de 12 años perteneciente a la comunidad wichí de Salta permanece bajo atención médica integral tras quedar embarazada como consecuencia de un abuso sexual. El caso, que conmocionó a la provincia y al país, se encuentra bajo investigación judicial mientras la menor recibe controles médicos constantes en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.

El embarazo fue detectado en octubre durante un operativo sanitario en el Centro de Salud del kilómetro 6, cerca de Tartagal. Desde entonces, la niña ha sido acompañada por su familia y por equipos interdisciplinarios de salud y asistencia social. Según informaron autoridades provinciales, la menor cursa entre 16 y 20 semanas de gestación y presenta un cuadro de anemia, por lo que recibe suplementación y seguimiento clínico frecuente. "Nuestra responsabilidad ahora es cuidarla, acompañarla y evitar cualquier complicación", señaló Patricia Leal, directora de Materno Infancia del Ministerio de Salud de Salta.

El proceso judicial avanza en paralelo. La Fiscalía Penal de Violencia de Género de Tartagal investiga el abuso y solicitó la detención del presunto autor, un joven de 19 años que permanece prófugo. La menor fue citada a declarar mediante un sistema de Circuito Cerrado de Televisión para garantizar su privacidad, pero al malinterpretar la citación, creyó que intentarían obligarla a interrumpir el embarazo y se encadenó en la Ciudad Judicial de Tartagal como forma de protesta. El episodio requirió la intervención de psicólogos y asistentes judiciales para explicarle el motivo real de la convocatoria.

Las autoridades aclararon que la ley argentina contempla la interrupción legal del embarazo en casos de abuso, pero no obliga a la víctima a hacerlo. "Una niña no puede dar consentimiento para mantener relaciones sexuales, pero la ley tampoco obliga a nadie a interrumpir el embarazo en contra de su voluntad", explicó Paula Tackzek, directora de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de Tartagal.

El caso ha puesto en debate la protección de los derechos de niñas y adolescentes en contextos vulnerables, así como la necesidad de acompañamiento integral y respeto a la voluntad de la víctima. Organismos de niñez, salud y comunidades originarias continúan interviniendo para garantizar la asistencia y contención de la menor y su familia, mientras la Justicia mantiene activa la búsqueda del presunto abusador.