El Gobierno nacional amplió en las últimas horas una denuncia por espionaje ilegal tras la filtración de nuevos audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Según la presentación realizada por el Ministerio de Seguridad, los audios habrían sido grabados de manera clandestina en la Cámara de Diputados y difundidos en redes sociales, lo que motivó la intervención judicial.

El juez Alejandro Maraniello dictó una medida cautelar que prohíbe la difusión de los audios, decisión que fue apelada por abogados y criticada por sectores de la oposición, quienes consideran que la medida constituye censura previa y una violación al derecho a la libertad de expresión. La denuncia por violación a la ley de inteligencia nacional recayó en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini, con la investigación delegada en el fiscal Carlos Stornelli.

El Gobierno sostiene que la grabación y difusión de los audios es un intento deliberado de desestabilización política en el marco del proceso electoral. "La presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización", afirmó el abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto. Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que se trata de "una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión".

En respuesta, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a otros dirigentes opositores, presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura solicitando el juicio político del juez Maraniello. Argumentan que la prohibición de difundir los audios representa "un acto de censura previa contra la prensa y el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública".

El caso también reavivó el debate sobre la validez legal de las grabaciones clandestinas como prueba en procesos judiciales. Expertos consultados señalan que la jurisprudencia argentina es contradictoria y que la admisibilidad de este tipo de pruebas depende de las circunstancias en que fueron obtenidas y de la existencia de una orden judicial.

El episodio se produce en un contexto de alta tensión política y electoral, con antecedentes de filtraciones y denuncias de espionaje en la política argentina. El desenlace de la investigación judicial y el debate sobre los límites entre privacidad institucional y libertad de prensa podrían tener implicancias de largo alcance para el sistema político y judicial del país.