El reciente otorgamiento de prioridad en el uso de la línea eléctrica de 500 kV al megaproyecto minero Vicuña, liderado por la multinacional BHP en San Juan, ha generado una fuerte controversia en la provincia. La decisión, tomada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), otorga a Vicuña el derecho a utilizar hasta el 90% de la capacidad remanente de la línea durante los próximos 25 años, en el marco de una inversión estimada en más de 7.000 millones de dólares para los yacimientos Josemaría y Filo del Sol.

La medida fue recibida con rechazo por parte del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), intendentes de municipios mineros y empresas competidoras, quienes argumentan que la infraestructura fue financiada con fondos provinciales y de los usuarios locales. El EPRE solicitó formalmente la convocatoria a una audiencia pública y calificó la resolución como un "avasallamiento" que podría condicionar el desarrollo de otros proyectos productivos en la región. "La pretensión de capturar el 90% de la capacidad remanente constituye un ejercicio abusivo del derecho de acceso, que desnaturaliza la función social y estratégica del sistema de transporte", expresó el organismo provincial.

Intendentes de Calingasta e Iglesia anunciaron la preparación de recursos de amparo y medidas cautelares para frenar la medida, mientras que legisladores provinciales y nacionales manifestaron su apoyo al reclamo. Empresas mineras rivales advierten que el nuevo esquema podría derivar en un "monopolio" de acceso a la energía, obligando a negociar con Vicuña para futuros desarrollos.

Desde el ENRE y la empresa Vicuña se aclaró que la prioridad de uso se limita a la ampliación financiada por la propia compañía y no implica exclusividad sobre toda la red eléctrica. "En el sistema eléctrico argentino rige el principio de acceso abierto. La prioridad se limita únicamente a esa ampliación puntual", explicaron fuentes de la empresa.

El conflicto se produce en un contexto de déficit histórico en infraestructura energética en Argentina y en medio de una carrera por atraer inversiones mineras. El Gobierno nacional impulsa un esquema en el que las empresas financian ampliaciones a cambio de prioridad de uso, respaldado por la Ley de Bases y la resolución 311/2025. Lo que se resuelva en este caso podría sentar un precedente clave para el desarrollo de futuros proyectos energéticos y mineros en el país.