La empresa entrerriana Frutafiel, con más de siete décadas de trayectoria en la industria de bebidas, inició un proceso de concurso preventivo ante la Justicia de Paraná debido a una compleja situación financiera. La decisión fue tomada luego de que la caída del consumo, la inflación y el aumento de los costos operativos y financieros superaran ampliamente el nivel de facturación durante los primeros meses de 2026.

Según la presentación judicial realizada el 22 de mayo y aprobada el 10 de junio por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 9 de Paraná, la compañía explicó que el proceso inflacionario posterior a la pandemia erosionó el poder adquisitivo de los consumidores y elevó los costos de insumos y transporte. "No era posible trasladar esos incrementos al precio final de los productos sin perder competitividad", señalaron desde la empresa. Además, la retracción del consumo de productos no esenciales, segmento en el que se concentra la producción de Frutafiel, agravó la situación.

El acceso al crédito bancario se volvió inviable ante las elevadas tasas de interés, mientras que el descuento de valores de terceros generó pérdidas adicionales. Para sostener la operación, el presidente de la firma vendió un inmueble propio e inyectó los fondos en la compañía, lo que permitió lanzar una nueva línea de cerveza con marca propia, Golden Saft, y un vino con jugo. Sin embargo, problemas con proveedores y la rápida reacción de la competencia limitaron el éxito de estos productos, que actualmente representan el 30% de la facturación.

Frutafiel, uno de los principales empleadores de General Ramírez, localidad de poco más de 13.000 habitantes, declaró un activo total de $4.016 millones frente a un pasivo de $3.818 millones, dejando un patrimonio neto positivo inferior al 5% del activo total. El Banco Central registra 387 cheques rechazados sin fondos por más de $1.085 millones. La cesación de pagos comenzó entre marzo y abril de este año, cuando la empresa dejó de cumplir los planes de facilidades de pago y comenzaron los rechazos de cheques.

El juez Ángel Luis Moia dispuso la inhibición general de bienes y la designación de una sindicatura para supervisar el proceso. Pese a la crisis, la empresa sostiene que su actividad es viable en el mediano y largo plazo y confía en que el concurso preventivo permitirá reestructurar sus finanzas, mantener la producción y honrar sus compromisos. El caso de Frutafiel se suma a una serie de empresas argentinas afectadas por la recesión y la inflación, reflejando el difícil contexto económico que atraviesa el país.