El presidente Javier Milei enfrenta una de las semanas más críticas de su gestión tras la contundente derrota electoral sufrida en la provincia de Buenos Aires. El mandatario debe decidir antes del jueves si veta tres leyes clave aprobadas por el Congreso: la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Emergencia Pediátrica —con especial impacto en el Hospital Garrahan— y la norma que regula el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias.

Las tres iniciativas cuentan con amplio respaldo parlamentario y social. La ley universitaria fue aprobada en el Senado con 58 votos a favor, mientras que la de emergencia pediátrica obtuvo 62 votos positivos. Ambas buscan recomponer salarios, garantizar becas y asegurar el funcionamiento de hospitales y universidades, sectores que denuncian un fuerte deterioro presupuestario y pérdida de poder adquisitivo. La ley de ATN, por su parte, fue impulsada por la totalidad de los gobernadores, quienes reclaman una distribución más equitativa y menos discrecional de los fondos nacionales.

El posible veto presidencial ha generado una ola de reacciones. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y los trabajadores del Garrahan anunciaron paros y movilizaciones en caso de que Milei avance con la medida. "La próxima Marcha Federal tiene que presionar para que los diputados y senadores rechacen de forma definitiva el avance del Poder Ejecutivo sobre la voluntad popular", advirtió Carlos De Feo, secretario general de CONADU. Desde la Universidad de Buenos Aires, el rector Ricardo Gelpi y los decanos de las 13 facultades reclamaron públicamente la reglamentación de la ley y advirtieron sobre el riesgo de un éxodo de profesionales.

En el plano político, los gobernadores de varias provincias, agrupados en "Provincias Unidas" y otros bloques, preparan una cumbre en Río Cuarto para mostrar unidad y rechazar el posible veto. El oficialismo, en tanto, sostiene que las leyes pondrían en riesgo el equilibrio fiscal, aunque el costo fiscal estimado es bajo (0,03% del PBI para los ATN). El Gobierno ha endurecido su discurso tras la derrota, minimizando el impacto nacional de los comicios bonaerenses y reforzando la defensa de su política de ajuste.

El desenlace de este conflicto podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo, el Congreso y las provincias, en un contexto de creciente tensión social y política. Si el veto se concreta, la oposición parlamentaria ya anticipó que buscará insistir con la sanción de las leyes, mientras sindicatos y organizaciones sociales preparan nuevas protestas en todo el país.