El inicio del ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones argentinas se encuentra en riesgo debido a un paro nacional docente convocado para el lunes 2 de marzo. La medida, impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y apoyada por gremios de la CGT y SADOP, responde al fracaso de las negociaciones salariales y a un recorte presupuestario que afecta a la educación pública.

Según comunicados de los sindicatos, el paro fue decidido en un congreso extraordinario de CTERA, donde se exigió la convocatoria inmediata a la paritaria nacional docente, un aumento salarial que supere la inflación y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Además, se rechazó el proyecto de Ley de Libertad Educativa y las reformas laborales impulsadas por el Gobierno nacional, consideradas por los gremios como un retroceso histórico en materia de derechos laborales y educativos.

En la provincia de Buenos Aires, todos los gremios docentes anunciaron su adhesión al paro, lo que podría impedir el inicio de clases para cerca de un millón de estudiantes. Los sindicatos bonaerenses rechazaron la última oferta salarial del gobierno provincial, que consistía en un aumento del 3%. Actualmente, el salario inicial de una maestra de grado ronda los 750 mil pesos, cifra que representa aproximadamente la mitad de la canasta de pobreza, según dirigentes gremiales.

Dirigentes como Sonia Alesso (CTERA) y Sergio Romero (UDA) han señalado que la educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas, y que la eliminación de partidas específicas para educación técnica, ciencia e investigación genera un impacto negativo en la calidad educativa y en la igualdad de oportunidades. Además, se advierte que la interrupción de la paritaria nacional docente y la eliminación del incentivo docente profundizan el conflicto.

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) también convocó a un paro nacional, denunciando prácticas abusivas y despidos arbitrarios en el sector privado, y exigiendo condiciones dignas de trabajo y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes.

El conflicto se enmarca en un contexto de ajuste presupuestario, desfinanciamiento educativo y reformas impulsadas por el Gobierno nacional, que han generado preocupación entre los gremios docentes y la comunidad educativa. Los sindicatos han anunciado un plan de acción que incluye movilizaciones, caravanas y actividades informativas durante todo el mes de marzo, en defensa de la educación pública y los derechos laborales.

La situación plantea interrogantes sobre el futuro del sistema educativo argentino y la capacidad de las provincias para garantizar el acceso a una educación de calidad en un escenario de recortes y negociaciones salariales estancadas.