El Gobierno nacional oficializó este miércoles el pago de un bono de $40.000 y sumas adicionales de hasta $300.000 para el personal de las fuerzas de seguridad federales, en un intento por contener el creciente malestar salarial y desactivar una protesta inédita convocada para el 2 de abril. La medida, establecida mediante el Decreto 216/2026 y publicada en el Boletín Oficial, beneficiará a efectivos en actividad de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, excluyendo a los grados jerárquicos más altos.

El bono y las sumas extras, que serán no remunerativos y por única vez, se abonarán con los haberes de abril de 2026. Los montos varían según la jerarquía, alcanzando los $300.000 para agentes, cabos y sargentos, mientras que los cargos intermedios recibirán entre $100.000 y $250.000. El gasto será cubierto con partidas ya asignadas al Ministerio de Seguridad, sin requerir fondos adicionales.

La decisión del Ejecutivo se produce en la antesala de una manifestación prevista frente al Edificio Centinela, sede central de Gendarmería, donde efectivos, familiares y personal retirado reclamarán por salarios y la crisis en la cobertura médica. El deterioro salarial, que ronda el 31% desde la asunción del actual gobierno, y la disolución del IOSFA, la obra social de las fuerzas, han profundizado el malestar entre los uniformados.

Fuentes oficiales justificaron la medida como un reconocimiento a la responsabilidad y dedicación del personal, y como respuesta a la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. Sin embargo, en los grupos de redes sociales donde se organiza la protesta, muchos consideran insuficiente el bono y reclaman soluciones estructurales: “Necesitamos un sueldo acorde a la inflación, no sumas en negro que desaparecen el mes que viene”, expresaron algunos efectivos.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, enfrenta críticas internas y externas por la gestión de la crisis, en un contexto de tensiones dentro del gabinete y con exfuncionarios. La protesta del 2 de abril pondrá a prueba la capacidad del gobierno para responder a las demandas de las fuerzas federales y podría marcar un precedente en la relación entre el Ejecutivo y los organismos de seguridad.