La negociación paritaria entre el gobierno de Axel Kicillof y los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires se encuentra en un punto crítico tras el rechazo de la última oferta salarial. Los sindicatos, entre ellos la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Frente de Unidad Docente Bonaerense, consideraron insuficiente el aumento del 3% propuesto para febrero, argumentando que no compensa la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

La situación se agrava por la crisis financiera que atraviesa la provincia, atribuida por el Ejecutivo bonaerense a los recortes de fondos nacionales implementados desde la asunción de Javier Milei. Según el ministro de Economía, Pablo López, la provincia perdió $22,2 billones por recortes, obras paralizadas y caída de la recaudación, cifra que representa más de un año de ingresos propios y la mitad del presupuesto anual.

En este contexto, ATE presentó propuestas para crear y aumentar impuestos provinciales, como el inmobiliario rural, el cobro adicional para inmuebles en barrios cerrados, impuestos a inmuebles urbanos ociosos y el fortalecimiento del impuesto a la herencia. El objetivo es garantizar mejores salarios para los trabajadores estatales y sostener las políticas públicas.

El conflicto se traduce en medidas de fuerza: los docentes anunciaron un paro para el inicio de clases, mientras que los judiciales convocaron a una huelga para el 2 de marzo. Los gremios reclaman una recomposición salarial urgente y la recuperación de lo perdido en 2025, señalando que los salarios sufrieron una erosión cercana al 6% respecto al costo de vida.

A pesar de la tensión, los sindicatos mantienen el diálogo con el gobierno provincial y priorizan la negociación, aunque no descartan nuevas medidas de fuerza. Los principales referentes gremiales, Roberto Baradel (Suteba) y Oscar de Isasi (ATE), responsabilizan al gobierno nacional por la crisis, destacando que el ahogo financiero impide mejorar los salarios.

La provincia de Buenos Aires enfrenta un escenario complejo, donde la presión sindical y la falta de recursos condicionan el inicio del ciclo lectivo y la continuidad de los servicios públicos. El desenlace dependerá de la capacidad de las partes para alcanzar un acuerdo que contemple la recomposición salarial y la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.