El gobierno de Javier Milei enfrenta una crisis política a raíz de la filtración de audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntos pedidos de coimas vinculados a la compra de medicamentos y que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario Eduardo "Lule" Menem. La Justicia federal, encabezada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, dispuso allanamientos en la sede de ANDIS y en domicilios relacionados con la droguería Suizo Argentina, mientras se realizan peritajes sobre los teléfonos de los implicados.

La reacción oficial no se hizo esperar. Karina Milei optó por delegar la defensa pública en los Menem, quienes negaron cualquier intervención en el organismo y calificaron el caso como una "burda operación política" del kirchnerismo. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, expresó: "Pongo las manos en el fuego por Karina y por mi primo". Por su parte, el presidente Milei mantuvo su agenda de campaña, evitando referirse directamente al escándalo y priorizando la confrontación con la oposición en actos públicos, como el realizado en Junín.

El impacto del caso se siente en la campaña electoral bonaerense, donde La Libertad Avanza busca sostener su base de apoyo en medio de la crisis. Estudios de opinión señalan que hasta el 50% de los votantes libertarios reconsideraría su voto tras el escándalo, mientras la oposición intensifica sus críticas y exige explicaciones. "Es un caso gravísimo institucionalmente y obsceno. Esperamos que la Justicia actúe rápidamente", afirmó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

En la Ciudad de Buenos Aires, el escándalo generó repudios y pedidos de esclarecimiento por parte de legisladores de distintos partidos. La candidata Graciela Ocaña sostuvo: "La corrupción mata, y cuando se mete en el sistema de salud, es la peor de todas". Desde el peronismo, Itaí Hagman destacó la cercanía de Spagnuolo con el presidente Milei y cuestionó el silencio oficial.

La causa judicial avanza bajo secreto de sumario, mientras la incertidumbre sobre nuevas filtraciones mantiene en vilo al oficialismo. El caso ANDIS se suma a otros episodios recientes que han afectado la imagen del gobierno y plantea interrogantes sobre el impacto electoral y la gobernabilidad. En este contexto, la sociedad demanda mayor transparencia y respuestas claras de sus dirigentes.