Los barrios La Isla y El Golf de Nordelta fueron escenario de intensos allanamientos en el marco de una investigación judicial por presuntas coimas en la compra de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El operativo, ordenado por el juez federal Sebastián Casanello, se centró en los domicilios de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, y en el jefe de seguridad del complejo, Ariel De Vicentis.

La madrugada del viernes, la tranquilidad habitual de Nordelta se vio alterada por la llegada de patrulleros y efectivos policiales, lo que generó inquietud entre los vecinos. Emmanuel Kovalivker fue interceptado cuando intentaba abandonar el barrio; en su vehículo se encontraron sobres con 266.000 dólares y 7 millones de pesos, además de su celular y pasaporte, que fueron secuestrados por la policía. Su hermano Jonathan, por su parte, había abandonado su propiedad antes del allanamiento y se presentó posteriormente en los tribunales de Comodoro Py para entregar su teléfono móvil.

El jefe de seguridad, Ariel De Vicentis, fue indagado por la justicia bajo sospecha de haber alertado a los empresarios sobre el operativo policial, lo que podría constituir obstrucción de la justicia. De Vicentis negó las acusaciones y sostuvo que su intervención se debió a "celo profesional". La justicia secuestró sus teléfonos celulares y busca determinar su grado de participación en los hechos.

La causa se originó a partir de audios filtrados del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, y se investiga si la droguería Suizo Argentina pagó sobornos a funcionarios públicos para la compra de medicamentos. Además de los allanamientos en Nordelta, se realizaron operativos en la sede de ANDIS y en la droguería, donde se incautaron computadoras y documentación relevante.

El juez Casanello dispuso el bloqueo de cajas de seguridad y la prohibición de salida del país para los principales implicados, mientras la investigación continúa con el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados. El caso ha generado preocupación entre los residentes de Nordelta, quienes manifestaron su desconcierto y reclamaron mayor comunicación por parte de la administración del country. La justicia, por su parte, remarcó que no se tolerará la obstrucción de las investigaciones y que el foco estará en determinar la existencia de delitos vinculados a la corrupción en el sistema de salud.