El gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva prueba política y social ante la inminente decisión sobre el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa aprobada por el Congreso que busca garantizar la actualización de fondos y salarios para las universidades nacionales. El plazo para que el Poder Ejecutivo defina su postura vence este jueves, en un contexto de creciente tensión tras la reciente derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

Mientras Milei ratifica su compromiso con el equilibrio fiscal y anticipa el veto a toda ley que implique un aumento del gasto público, docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) protagonizan una masiva jornada de protesta en Plaza de Mayo. Más de 60 clases públicas, ferias de ciencias y actividades artísticas se desarrollan frente a la Casa Rosada bajo la consigna "Si hay veto, hay marcha", en defensa de la educación pública y el sistema científico nacional.

La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Senado con 58 votos a favor, establece la actualización mensual de los fondos destinados a salarios y funcionamiento de las instituciones universitarias, así como la creación de partidas para infraestructura, becas y carreras estratégicas. Además, prevé un crecimiento gradual del financiamiento estatal, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031. Las autoridades universitarias, junto a gremios docentes, exigen la reglamentación inmediata de la ley y advierten sobre la crisis salarial y de funcionamiento que atraviesa el sector.

El gobierno, sin embargo, mantiene su postura inflexible. "No nos moveremos ni un milímetro del programa económico de equilibrio fiscal", reiteró Milei en sus redes sociales. Fuentes oficiales confirmaron que la decisión es vetar no solo la ley universitaria, sino también la Ley de Emergencia Pediátrica y la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, pese a los reclamos de la oposición y los gobernadores.

Ante la posibilidad del veto, los sindicatos universitarios y de salud anunciaron paros y nuevas marchas federales. El Congreso, por su parte, podría insistir con la ley si logra reunir los dos tercios de los votos en ambas cámaras, como ya ocurrió con otras iniciativas vetadas por el Ejecutivo.

El conflicto se enmarca en un contexto de ajuste fiscal que afecta a sectores clave como la educación, la salud y la ciencia, y en medio de negociaciones políticas con los gobernadores por la discusión del Presupuesto 2026. Las autoridades universitarias insisten en la necesidad de financiamiento estable para sostener la calidad educativa y advierten sobre el impacto de la desinversión en el futuro del país.