El presidente Javier Milei autorizó, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el ingreso de tropas estadounidenses para participar en ejercicios militares conjuntos con las Fuerzas Armadas argentinas. La medida, publicada en el Boletín Oficial el 1 de octubre, permite la llegada de unos 30 efectivos de Estados Unidos entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, quienes se desplegarán en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano.

El ejercicio, denominado "Tridente", tiene como objetivo mejorar la interoperabilidad y fortalecer las capacidades nacionales en escenarios de crisis, combinando entrenamientos de defensa y asistencia humanitaria. Según el decreto, la decisión responde a compromisos internacionales asumidos y a la necesidad de optimizar recursos y alianzas estratégicas. Además, se autorizó la salida de tropas argentinas a Chile para participar en el ejercicio "Solidaridad".

La decisión de Milei generó controversia, ya que tradicionalmente el ingreso de fuerzas extranjeras requiere la aprobación del Congreso, como establece la Constitución. Sin embargo, el Ejecutivo argumentó la urgencia y la naturaleza excepcional del contexto para avanzar por decreto. Voceros oficiales sostienen que estos ejercicios son habituales y necesarios para la modernización militar, mientras que sectores opositores y analistas advierten sobre posibles implicancias para la soberanía y eludir los controles legislativos.

El anuncio se produce en un contexto de acercamiento diplomático entre Milei y el expresidente estadounidense Donald Trump, con quien se prevé un nuevo encuentro en Washington el 14 de octubre. Paralelamente, Argentina negocia con el Tesoro estadounidense un posible rescate financiero, aunque el gobierno niega que exista relación directa entre ambos hechos.

El despliegue militar conjunto, que incluye la participación de comandos especiales como los Navy Seals y fuerzas de elite argentinas, representa un giro en la política de defensa y refuerza el alineamiento internacional de la actual administración. El debate sobre la legalidad y las consecuencias de la medida continúa abierto en el ámbito político y social argentino.