La justicia de San Carlos de Bariloche ordenó el embargo preventivo del sueldo y medio aguinaldo de la diputada nacional Lorena Villaverde, en el marco de una causa por daños y perjuicios tras la venta de terrenos en el balneario Las Grutas que no fueron entregados. El juez Santiago Morán, de la Unidad Jurisdiccional Civil 3, dispuso la medida cautelar para cubrir los $40,5 millones reclamados por el damnificado, quien presentó un boleto de compraventa certificado y alegó incumplimiento contractual. La resolución establece que el embargo se mantendrá hasta que las retenciones cubran íntegramente el monto indicado, y que las sumas retenidas sean depositadas en una cuenta judicial del Banco Patagonia.

Villaverde, que anteriormente debió renunciar a su banca como senadora por causas vinculadas al narcotráfico en Estados Unidos y supuestos vínculos con el empresario Fred Machado, no realizó declaraciones públicas sobre el fallo. En otros expedientes similares, la diputada enfrenta demandas en San Antonio Oeste, donde se reclaman resarcimientos por incumplimientos en la entrega de lotes del emprendimiento Tajamar. En esos casos, los demandantes alegan que, a pesar de los pagos efectuados y el tiempo transcurrido, no se ejecutaron las obras comprometidas ni se inició el proceso de escrituración de los lotes. Villaverde argumentó demoras propias del período de pandemia, pero los demandantes sostienen que los plazos están vencidos y que el loteo no cuenta con habilitación municipal ni trazado urbano aprobado.

El caso pone en foco la transparencia en desarrollos inmobiliarios y la responsabilidad de los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. El embargo preventivo sobre los ingresos de Villaverde se suma a otros casos recientes de medidas cautelares contra figuras políticas, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la ética y la legalidad en la gestión de bienes y contratos públicos. El litigio continuará su tratamiento en los tribunales rionegrinos, mientras se esperan definiciones sobre las demandas pendientes y el impacto institucional de estos procesos.