La Universidad Nacional de Rosario (UNR) se encuentra en el centro de una controversia tras la proyección del documental "La Gran Palestina" en la Facultad de Humanidades y Artes. El evento, realizado sin autorización institucional, motivó un pedido de disculpas públicas a la comunidad judía argentina por parte del rector Franco Bartolacci, quien aseguró que la universidad no tenía conocimiento previo de la actividad y que no avala acciones contrarias a sus principios.

La polémica se desató luego de que el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, acusara a la UNR de promover terrorismo. Según las autoridades nacionales, el documental fue realizado en colaboración con el Movimiento de Resistencia Islámica, conocido como Hamas, organización incluida en el registro argentino de entidades vinculadas a actos de terrorismo desde 2024. Álvarez exigió explicaciones y sanciones para los responsables, advirtiendo sobre posibles consecuencias penales.

En respuesta, Bartolacci instruyó a las áreas jurídicas de la universidad para iniciar una investigación administrativa y notificó a todas las dependencias para evitar que hechos similares se repitan. "La universidad es cuna de la diversidad de opiniones y del respeto a la libre expresión, pero dicho ejercicio no puede convalidar el accionar de organizaciones contrarias a nuestros valores", expresó el rector en una carta formal.

La reacción oficial fue acompañada por críticas de sectores gremiales docentes, nucleados en Coad, quienes calificaron de "intolerable" la censura y el amedrentamiento ejercidos por el Gobierno nacional. Además, cuestionaron al rector por no defender la autonomía universitaria y la libertad de expresión. "La condena al genocidio es un compromiso ético, político y humanitario que debe asumir la universidad pública en su conjunto", señalaron en un comunicado.

El documental, dirigido por el cineasta mexicano Rafael Rangel, aborda el conflicto en Gaza tras el cese al fuego de 2025 y fue realizado con testimonios locales y sin respaldo de productoras comerciales. La controversia reavivó el debate sobre los límites de la libertad de expresión en el ámbito universitario y la intervención estatal en los contenidos académicos, en un contexto de tensiones previas entre la UNR y el Gobierno nacional por cuestiones presupuestarias y de autonomía institucional.