Una empleada judicial de 40 años fue detenida en Posadas, Misiones, acusada de estafar a al menos 17 personas mediante falsas promesas de empleo en organismos públicos provinciales y municipales. Según la investigación, la mujer ofrecía supuestos cargos en la Dirección Provincial de Vialidad, el Instituto de Macroeconomía Circular (ex Ifai) y la Municipalidad de Posadas, entre otros, a cambio de pagos que oscilaban entre 500 mil y un millón de pesos, dependiendo del tipo de contrato prometido.

Las víctimas, en su mayoría residentes de la zona oeste de Posadas y en situación de vulnerabilidad económica, vendieron bienes, animales de cría o recurrieron a préstamos informales para reunir el dinero exigido. La acusada contactaba a los interesados a través de WhatsApp, solicitaba transferencias a cuentas y billeteras virtuales a su nombre, y pedía documentación personal para simular la formalidad del trámite. En mayo, incluso mantuvo una reunión presencial con varios damnificados, ratificando las promesas de contratación.

Sin embargo, con el paso de las semanas y ante la falta de novedades, las víctimas comprobaron que no existían gestiones reales para su incorporación laboral. Cuando comenzaron los reclamos, la mujer pidió nuevas transferencias con la promesa de devolver el dinero, pero finalmente dejó de responder mensajes y llamadas. La denuncia formal fue presentada el 23 de junio, y el caso quedó a cargo del fiscal René Casals, quien ordenó el bloqueo de cuentas y el secuestro de teléfonos celulares para peritaje.

El fiscal Casals explicó que la acusada ya había sido investigada por hechos similares en 2023, aunque no posee condenas firmes. Destacó la gravedad del caso por la reiteración de la conducta y la situación de vulnerabilidad de las víctimas. "Literalmente vendieron todo lo que tenían para poder tener esos trabajos", señaló el abogado de los damnificados. La imputada se negó a declarar ante el juez y designó un defensor oficial. La investigación continúa con el análisis de pruebas digitales y movimientos financieros, mientras la Justicia evalúa la posibilidad de penas superiores a seis años por la multiplicidad de hechos denunciados.