Docentes, estudiantes y no docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) realizaron este miércoles una clase pública frente a la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el centro de La Plata. La protesta, impulsada por la Federación Universitaria de La Plata (FULP) y diversas agrupaciones sindicales y ambientales, busca visibilizar el reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2025 pero que, según los manifestantes, no está siendo aplicada por el Gobierno nacional.

La jornada incluyó exposiciones sobre la causa Malvinas, la soberanía nacional y la defensa del agua, y culminó con una movilización al Congreso para rechazar posibles modificaciones a la ley vigente. "Queremos defender nuestros bienes comunes naturales y la educación pública en la calle", expresaron los organizadores, quienes también enfatizaron la importancia de garantizar la soberanía sobre los recursos estratégicos del país.

En paralelo, el conflicto universitario se profundiza a nivel nacional. El Congreso de CONADU resolvió un paro docente de cinco días, del 27 de abril al 1° de mayo, y anunció una marcha federal universitaria para el 23 de abril. Los gremios exigen el cumplimiento pleno de la ley, la recuperación salarial y rechazan la propuesta oficial de aumento escalonado, considerada insuficiente frente a la inflación.

El Poder Judicial dictó dos fallos recientes a favor de los docentes: uno que obliga al Estado a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y otro que suspende la declaración de la educación como servicio esencial, permitiendo el derecho de huelga sin restricciones adicionales.

Mientras tanto, la Justicia investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó informes sobre propiedades, movimientos económicos y viajes al exterior del funcionario, con el objetivo de detectar posibles inconsistencias patrimoniales.

El conflicto universitario, que lleva casi seis meses, involucra a toda la comunidad educativa y ha generado múltiples acciones de protesta en distintas ciudades del país. Las organizaciones sindicales y estudiantiles sostienen que la solución depende del cumplimiento efectivo de la ley y de una recomposición salarial inmediata. El Gobierno, por su parte, defiende la necesidad de reformas y control del gasto público, mientras enfrenta crecientes críticas y movilizaciones.