Préstamos con jubiladas, el modus operandi de Adorni para comprar propiedades
• La Justicia investiga a Manuel Adorni, jefe de Gabinete, por presunto enriquecimiento ilícito. • Se analizan 15-19 viajes y préstamos de hasta 300 mil dólares de particulares. • Se ordenaron nuevas pruebas y citaciones clave esta semana.



La Justicia federal investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, tras denuncias sobre inconsistencias patrimoniales y préstamos de particulares para la compra de propiedades. La causa, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, se centra en al menos 15 a 19 viajes realizados por Adorni desde 2023, así como en la adquisición de una casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, y un departamento en Caballito, ambos escriturados con hipotecas otorgadas por particulares.
El origen de la investigación fue una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien señaló un incremento patrimonial que no se correspondería con los ingresos declarados por el funcionario. Entre los puntos bajo análisis se encuentran préstamos no bancarios por al menos 300 mil dólares, otorgados por cuatro mujeres, dos de ellas jubiladas, para la compra de los inmuebles. Consultadas por la prensa, las acreedoras afirmaron no conocer personalmente a Adorni.
La fiscalía ordenó nuevas medidas de prueba para determinar el destino final de varios de los viajes y la trazabilidad de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias. Además, la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en las escrituras, fue citada a declarar como testigo y deberá aportar toda la documentación vinculada a las transacciones.
Adorni negó públicamente las acusaciones, aunque evitó dar detalles ante la prensa, asegurando que responderá ante la Justicia y los organismos correspondientes. El presidente Javier Milei expresó su respaldo al jefe de Gabinete en una reciente reunión de ministros, mientras en el entorno político crecen las expectativas por el avance de la investigación y la posibilidad de nuevas revelaciones.
El caso se inscribe en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia y el patrimonio de los funcionarios públicos, y podría tener implicancias en la agenda política y judicial de las próximas semanas.
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