El gobierno argentino anunció una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información sobre el paradero de Galvarino Apablaza, exguerrillero chileno acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991. Apablaza, quien residía en Argentina bajo el estatus de refugiado político desde 2010, fue declarado prófugo tras un operativo policial en su domicilio de Moreno, Buenos Aires, donde no fue hallado.

La decisión de ofrecer una recompensa se produce luego de que la Justicia argentina revocara el estatus de refugiado de Apablaza, habilitando así su extradición a Chile, donde es requerido por la justicia desde hace más de dos décadas. El presidente chileno, José Antonio Kast, agradeció personalmente al presidente argentino Javier Milei por firmar la extradición y destacó el compromiso de Argentina con la cooperación judicial. "Tarde o temprano, el prófugo Apablaza va a rendir cuentas ante la Justicia", afirmó Kast tras reunirse con Milei en la Casa Rosada.

Por su parte, la defensa de Apablaza, encabezada por el abogado Rodolfo Llanzón, sostiene que su cliente sigue siendo refugiado político bajo estándares internacionales y denunció ante el Comité contra la Tortura de la ONU el riesgo de torturas en caso de ser extraditado. "Apablaza fue víctima de torturas tanto durante la dictadura de Pinochet como en los años posteriores", argumentó Llanzón, quien también denunció hostigamiento y presuntas irregularidades en el proceso judicial argentino.

El caso, que se encuentra actualmente en la Corte Suprema argentina, ha escalado a organismos internacionales y reavivó el debate sobre los límites del refugio político y la cooperación judicial entre Argentina y Chile. Mientras el gobierno chileno insiste en la extradición y promete un juicio justo, sectores de la defensa de Apablaza denuncian persecución política y presiones sobre la justicia argentina. El desenlace del caso podría tener implicancias significativas en la relación bilateral y en la política regional de derechos humanos.