El proceso de extradición de Fred Machado, empresario argentino acusado de narcotráfico y fraude en Estados Unidos, fue suspendido por la Corte Suprema de Justicia de Argentina tras una presentación de su defensa que introdujo dudas sobre su situación judicial en Texas. La decisión, tomada luego de más de tres años de trámites judiciales, implica que el juez federal de Neuquén deberá solicitar información oficial a las autoridades estadounidenses para confirmar la existencia y el alcance de una sentencia que podría modificar el pedido de extradición.

Machado, de 57 años, fue detenido en abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén tras arribar desde México, en cumplimiento de una alerta roja de Interpol y un pedido de arresto emitido por la justicia estadounidense. Desde entonces, permanece bajo arresto domiciliario en una residencia de Viedma, Río Negro. La acusación en su contra, formulada por un tribunal federal de Texas, lo vincula a una red internacional dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de dinero, con operaciones que, según la investigación, superan los 350 millones de dólares entre 2016 y 2021.

La defensa de Machado presentó documentación sobre una sentencia dictada en Texas que, según argumenta, podría afectar el pedido de extradición. La Corte Suprema remitió el caso al juez federal de Neuquén, quien deberá gestionar, a través de la Cancillería, la confirmación oficial de la sentencia y su impacto en la situación procesal del empresario.

El caso ha adquirido relevancia política en Argentina debido a los presuntos vínculos de Machado con figuras públicas, entre ellas el diputado José Luis Espert, quien habría recibido aportes para su campaña presidencial de 2019. Espert ha negado cualquier relación más allá de un vuelo facilitado por el empresario, aunque documentos judiciales estadounidenses mencionan transferencias de dinero. Además, el abogado defensor de Machado, Francisco Oneto, es conocido por su cercanía al presidente Javier Milei.

Legisladores como Martín Soria han criticado la demora en la resolución del caso y han señalado posibles influencias políticas en la protección judicial de Machado. El caso también involucra a otros actores, como Claudio Ciccarelli y Lorena Villaverde, vinculados a negocios mineros y a investigaciones por lavado de dinero y narcotráfico.

La suspensión de la extradición y la controversia en torno a los vínculos políticos de Machado han reavivado el debate sobre la transparencia judicial y la relación entre política y crimen organizado en Argentina. El desenlace del caso dependerá de la respuesta de las autoridades estadounidenses y de la evaluación de la justicia argentina sobre la validez de la nueva documentación presentada.