El caso de Pablo Laurta, acusado de asesinar a su expareja Luna Giardina y a su exsuegra Mariel Zamudio en Córdoba, fue elevado a juicio por decisión del fiscal Gerardo Reyes. El doble femicidio, ocurrido el 8 de octubre de 2025, conmocionó a la sociedad y reavivó el debate sobre la efectividad de las medidas de protección para víctimas de violencia de género.

Según la investigación, Laurta ingresó armado al domicilio de las víctimas y las ejecutó a quemarropa. Tras el crimen, huyó con su hijo de cinco años, lo que desencadenó un operativo de búsqueda que culminó con su detención en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos, el 12 de octubre. "Laurta será juzgado por homicidio calificado por el vínculo, alevosía, violencia de género, violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad", informaron desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

El caso cobró mayor notoriedad al conocerse que Laurta también está imputado por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio en Entre Ríos, crimen que habría ocurrido durante su fuga. La investigación determinó que Laurta contrató a Palacio para trasladarse clandestinamente y, tras asesinarlo, ocultó sus restos en distintos puntos de la provincia.

Las víctimas habían denunciado reiteradamente a Laurta por violencia y amenazas. A pesar de contar con una orden de restricción y un botón antipánico, las medidas no lograron evitar el desenlace fatal. El caso puso en evidencia las limitaciones de los mecanismos de protección y generó un fuerte reclamo social por una respuesta más efectiva ante la violencia de género.

El proceso judicial que se avecina será seguido de cerca por la opinión pública y organizaciones de derechos humanos, que exigen justicia y una revisión profunda de los protocolos de prevención. El caso Laurta se suma a una serie de femicidios que han marcado la agenda nacional y evidencian la urgencia de políticas integrales para combatir la violencia de género en Argentina.