El juicio oral contra Marcelo Corazza, ex ganador de Gran Hermano y productor de Telefe, comenzó este miércoles en el Tribunal Oral Federal N°3 de la Ciudad de Buenos Aires. Corazza, junto a otros cuatro imputados, enfrenta cargos de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, abuso sexual, corrupción de menores y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil. La acusación, impulsada por los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, se basa en hechos ocurridos entre 1999 y marzo de 2023, con víctimas de entre 11 y 16 años, según la instrucción judicial.

El caso se inició en octubre de 2022, tras la denuncia de una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). A partir de allí, se sumaron otros testimonios y relatos de jóvenes que habrían sido captados y explotados sexualmente en diferentes lugares de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y Misiones. La investigación señala que la organización criminal, presuntamente liderada por Francisco Angelotti Notarbartolo, reclutaba menores en situación de vulnerabilidad y los sometía a prácticas sexuales a cambio de dinero o favores.

Durante la primera jornada del juicio, Corazza se mostró visiblemente nervioso y fue acompañado por sus hermanas en la sala de audiencias. "Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia. Quiero que termine todo este mal momento ya. Yo soy inocente", declaró ante la prensa. La defensa de Corazza sostiene que no existen pruebas suficientes y que su presencia en el proceso responde a una cuestión mediática. Por su parte, los fiscales remarcan la gravedad y persistencia de los hechos, así como las estrategias utilizadas por la organización para captar y someter a las víctimas.

El tribunal prevé que las audiencias se realicen semanalmente, con la presentación de pruebas y testimonios de los denunciantes. De ser hallado culpable, Corazza podría enfrentar hasta 20 años de prisión. El caso ha generado una fuerte repercusión mediática y social, reavivando el debate sobre la protección de menores y la responsabilidad de figuras públicas en casos de abuso y explotación sexual. Se espera que el proceso judicial aporte claridad sobre los hechos y las responsabilidades de los involucrados, en un contexto de creciente preocupación por la trata y corrupción de menores en Argentina.