El Ministerio de Salud de Argentina y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) han reforzado los controles y reestructurado áreas clave tras el escándalo del fentanilo contaminado, que provocó la muerte de más de 90 pacientes en hospitales y clínicas del país. En una serie de medidas publicadas en el Boletín Oficial, la ANMAT dispuso la inhibición de Rigecin Labs S.A., laboratorio dedicado a la elaboración de soluciones parenterales, tras detectar incumplimientos graves a las Buenas Prácticas de Fabricación y Control.

Las inspecciones realizadas entre el 6 y el 13 de junio revelaron deficiencias que comprometían la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados por Rigecin. A pesar de un plan de acción presentado por la empresa, una nueva revisión confirmó la persistencia de fallas críticas, lo que llevó a la prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el país de la Solución Electrolítica Balanceada Rigecin y la Solución Molar de Bicarbonato de Sodio Inyectable Rigecin. Además, se ordenó el retiro del mercado de los lotes afectados, en un esfuerzo por limitar los riesgos para la salud pública, especialmente para pacientes hospitalizados de alta vulnerabilidad.

Estas acciones regulatorias se enmarcan en la reciente designación de Gastón Morán como director del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y de Saúl Flores como secretario de Gestión Sanitaria, en reemplazo de Alejandro Vilches. Flores, médico con experiencia en gestión sanitaria, asume el cargo en un contexto de reformas en la estructura sanitaria nacional. Por su parte, Vilches fue nombrado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la remoción de Diego Spagnuolo, en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos y servicios.

El escándalo del fentanilo contaminado, vinculado a la muerte de decenas de pacientes, motivó la detención de directivos de laboratorios implicados y la presentación del Gobierno como querellante en la causa judicial. La ANMAT, bajo un proceso de refuncionalización, busca concentrar esfuerzos en el control de medicamentos, alimentos y dispositivos médicos, mientras áreas como la industria cosmética pasarán a una regulación más descentralizada.

El Gobierno nacional ha manifestado su intención de garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a quienes los necesitan y de erradicar prácticas políticas que han afectado históricamente a estos programas. La cartera de Salud mantiene una vigilancia activa sobre todo el espectro de su actuación, en un esfuerzo por recuperar la eficiencia y la confianza pública tras el impacto del escándalo.