La Justicia de Mar del Plata investiga a la presidenta y una cuidadora del hogar convivencial "Patronato" de Balcarce por presunto maltrato infantil, tras la difusión de audios que revelan amenazas, insultos y humillaciones a menores alojados en la institución. El caso, que salió a la luz a fines de noviembre, generó una rápida reacción judicial y la intervención de organismos municipales y provinciales para proteger a los niños afectados.

La causa se inició luego de que una profesional del equipo técnico del hogar presentara una denuncia penal acompañada de un audio de 40 minutos, en el que se escuchan frases como "te rompo la cara", "nadie te va a querer" y amenazas de castigos físicos y abandono. Las imputadas, Alejandra Género y Marisa Benaduche, fueron apartadas de sus funciones y tienen prohibido acercarse o comunicarse con los menores, según dispuso el Juzgado de Familia de Mar del Plata.

La fiscalía, a cargo de Laura Molina, citó a ambas mujeres a declaración indagatoria para el 17 de diciembre, bajo cargos de lesiones, amenazas y coacción. Además, se evalúa un agravante por el rol institucional que ocupaban dentro de la entidad, lo que podría aumentar la gravedad de las imputaciones. Paralelamente, el municipio de Balcarce debió intervenir para garantizar la alimentación, higiene y cuidado de los 18 niños alojados, tras la desvinculación de personal y la crisis institucional desatada.

El intendente Esteban Reino expresó su preocupación y pidió prudencia a la comunidad, subrayando la importancia de no perjudicar a los chicos con manifestaciones públicas. "La Justicia determinará lo que tenga que determinar", afirmó, y reconoció la necesidad de repensar el modelo de gestión del hogar, que históricamente ha enfrentado carencias de recursos y dificultades estructurales.

El caso ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los niños institucionalizados y la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y control en este tipo de dispositivos. Organizaciones y medios locales insisten en la necesidad de transparencia, rendición de cuentas y reformas profundas para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.