El Gobierno nacional anunció la eliminación del programa Volver al Trabajo, que hasta ahora beneficiaba a cerca de 900.000 personas en todo el país. La medida, que entrará en vigor a partir del 9 de abril, implica el reemplazo de la asignación mensual de $78.000 por un sistema de vouchers para capacitación laboral, según informó el Ministerio de Capital Humano. Los beneficiarios han sido notificados oficialmente y recibirán el último pago en abril.

La decisión generó una fuerte reacción de organizaciones sociales y piqueteras, que convocaron a una Jornada Nacional de Lucha con cortes de rutas, asambleas y ollas populares en Buenos Aires y diversas ciudades del interior. Los manifestantes denuncian que la eliminación del programa representa un golpe directo a los sectores más vulnerables, en un contexto de alta inflación, recesión y aumento de la pobreza. "El recorte de 600 millones de dólares salen de la economía y harán caer aún más el consumo", advirtieron desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Frente de Lucha Piquetero.

El Gobierno, por su parte, sostiene que la medida busca reconvertir los planes sociales en empleo genuino, orientando los recursos a la formación profesional y políticas educativas. El presidente Javier Milei afirmó que "estamos reconvirtiendo los planes en trabajo" y destacó el cambio de paradigma que, según su visión, potenciará el crecimiento y mejorará las condiciones de vida.

Sin embargo, la implementación de los cursos de capacitación genera dudas entre funcionarios provinciales y beneficiarios, especialmente en el interior del país, donde no está claro quién dictará las formaciones ni cómo se garantizará la inserción laboral. En provincias como Tucumán, donde el plan asistía a más de 75.000 personas, las autoridades advierten que no podrán contener el impacto social de la medida.

El recorte fiscal estimado por el Gobierno podría alcanzar los 516 millones de dólares anuales, pero organizaciones sociales y legisladores advierten que la eliminación del programa podría profundizar la crisis social y económica en las regiones más afectadas. El debate sobre el futuro de la asistencia social y la generación de empleo genuino continúa abierto, mientras las protestas marcan el inicio de un nuevo ciclo de conflictividad social.