El triple femicidio ocurrido en Florencio Varela conmocionó a la sociedad argentina y puso en evidencia la extrema vulnerabilidad de jóvenes en el Conurbano bonaerense. Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron encontradas asesinadas en una vivienda de la localidad, tras haber sido engañadas por una banda narco que las citó bajo el pretexto de una fiesta.

La investigación policial reveló que las jóvenes se reunieron en la rotonda de La Tablada, desde donde subieron a una camioneta blanca que luego fue hallada incendiada. El seguimiento del celular de una de las víctimas permitió a los efectivos localizar la casa donde se perpetró el crimen. Al ingresar, la policía encontró rastros de sangre, olor a lavandina y a dos personas limpiando la escena, quienes fueron detenidas en el acto.

Las autopsias confirmaron que las víctimas sufrieron torturas extremas, incluyendo amputaciones y fracturas. El crimen fue transmitido parcialmente en redes sociales por los asesinos, vinculados a una banda narco liderada por un joven peruano apodado "Pequeño J", quien permanece prófugo. Hasta el momento, hay cuatro detenidos, entre ellos dos parejas, una argentina y otra peruana.

Días antes del asesinato, Lara Gutiérrez había dado una entrevista televisiva en la que negó vínculos con redes de trata y mintió sobre su edad, intentando despegarse de estructuras criminales. "No trabajamos para nadie, no hay menores involucradas, no es una red de trata", afirmó en el programa de América TV. Su testimonio, viralizado tras la tragedia, se resignificó como un grito de ayuda y evidencia del abandono institucional que sufren jóvenes en situación de vulnerabilidad.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó la existencia de un video del crimen y señaló la participación de la banda de la Villa 1-11-14. La hermana de Lara denunció amenazas y ataques posteriores al asesinato, mientras la comunidad exige justicia y mayor protección para adolescentes expuestos a la violencia y el narcotráfico.

Este caso expone la compleja trama de explotación, narcotráfico y desprotección que atraviesa a sectores vulnerables del Conurbano y la Capital Federal, y plantea interrogantes sobre el rol de las instituciones y la sociedad en la prevención de estos crímenes.