El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2026 la derogación de la ampliación de la Ley de Zona Fría, una medida que afecta a más de tres millones de hogares en la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país. El régimen, vigente desde 2021, otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en la tarifa de gas a usuarios residenciales de zonas con bajas temperaturas, como Mar del Plata, Bahía Blanca y Coronel Rosales.

La iniciativa oficial, que ya había sido rechazada por el Congreso en 2024, propone limitar el beneficio exclusivamente a la Patagonia, el departamento Malargüe de Mendoza y la Puna, excluyendo a los municipios bonaerenses incorporados en la última ampliación. El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, financiado por un recargo en las facturas de usuarios de zonas no incluidas, sostiene el régimen, cuyo costo, según especialistas, es nulo para el Estado.

La posible eliminación del beneficio generó un fuerte rechazo entre intendentes, legisladores y concejales de diferentes partidos. En Mar del Plata, el intendente Guillermo Montenegro adoptó una postura cautelosa, evitando confrontar abiertamente con el presidente Javier Milei, pero remarcando la necesidad de mantener los descuentos por el clima local. "El invierno pega distinto y es necesario conservar los descuentos en la tarifa del gas, sin desconocer que el gran objetivo que tiene hoy la Argentina es sostener el superávit fiscal", expresó Montenegro a través de medios tradicionales.

En Bahía Blanca y Coronel Rosales, concejales presentaron iniciativas en el Congreso y en los concejos deliberantes para rechazar la quita del beneficio. El concejal Daniel Medina advirtió que "un vecino que hoy paga 40.000 pesos de gas por mes podría ver que su tarifa pasa a más de 55.000, sin contemplar los incrementos del valor del metro cúbico de gas y del arrastre del IVA en la boleta". Legisladores como Gustavo Pulti presentaron proyectos de repudio y señalaron la contradicción discursiva del Gobierno nacional, que "termina con una enorme cantidad de beneficios".

El debate se da en un contexto de ajuste fiscal y recortes de subsidios, donde el costo de la energía es un factor central en el presupuesto familiar. La medida podría tener un impacto significativo en la economía de los hogares afectados y en la política local, donde se reclama unidad para defender el régimen de Zona Fría. El futuro de la iniciativa dependerá del tratamiento legislativo y de la presión social y política en los municipios involucrados.