Una fuerte polémica se desató en Argentina tras conocerse que varios funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza accedieron a créditos hipotecarios millonarios otorgados por el Banco Nación. El canciller Pablo Quirno salió al cruce de las críticas y defendió la transparencia del proceso, asegurando que los préstamos fueron asignados bajo condiciones de mercado y con análisis crediticio estándar.

La controversia se intensificó luego de que registros públicos revelaran deudas de alto valor entre funcionarios, como el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien tomó un crédito de $367 millones, y el director del BICE, Felipe Núñez, con una deuda de $373 millones. El director del Banco Central, Pedro Inchauspe, también figura con un pasivo de $510 millones. Otros funcionarios y diputados oficialistas aparecen con montos similares.

En redes sociales, Quirno respondió a las críticas de figuras como Carlos Maslatón y el periodista Pablo Duggan, quienes cuestionaron la ética de que funcionarios accedan a estos créditos. “No es plata del Estado”, replicó Quirno, y agregó que el Banco Nación es superavitario y líder en préstamos hipotecarios UVA, permitiendo el acceso a la vivienda a miles de familias.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también defendió la operatoria, afirmando que las tasas, plazos y montos fueron iguales para todos los beneficiarios y sujetos a análisis crediticio. Caputo precisó que el Banco Nación otorgó 27.000 créditos y que los casos de funcionarios representan menos del 0,2% del total.

Sin embargo, la oposición, encabezada por el diputado Esteban Paulón, presentó un pedido de informes en el Congreso para esclarecer si existieron privilegios, especialmente en la línea “+Hogares sector público”, que financió hasta el 90% del valor de las propiedades para empleados estatales, frente al 75% habitual para otros clientes.

El Banco Nación emitió un comunicado oficial asegurando que el proceso fue homogéneo y atribuyó la cantidad de solicitudes de funcionarios a la gestión de cuentas sueldo del sector público nacional dentro de la institución. El debate continúa en el ámbito político y mediático, mientras se espera la respuesta formal del Congreso y del Banco Nación sobre el caso.