La provincia de Neuquén asumió oficialmente la gestión y el mantenimiento de tramos clave de las rutas nacionales 22 y 242, tras la firma de un acuerdo con el gobierno nacional en abril de 2026. El gobernador Rolando Figueroa anunció que la transferencia incluye el tramo de la ruta 22 desde el límite con Río Negro hasta Arroyito y la totalidad de la ruta 242 en territorio neuquino, que conecta con el paso internacional Pino Hachado.

Esta medida se produce en un contexto donde el gobierno nacional, bajo una política de déficit fiscal cero, ha suspendido la obra pública directa y ha delegado la responsabilidad de infraestructura a las provincias. Figueroa explicó que la provincia invertirá fondos propios y gestionará créditos internacionales, incluyendo un préstamo de USD 150 millones del Banco Mundial y financiamiento adicional del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el BID. Estos recursos permitirán ejecutar obras viales estratégicas, impulsar el turismo y fortalecer la conectividad regional.

La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, subrayó que el gobierno nacional solo ha otorgado avales para la toma de financiamiento, sin realizar aportes directos a las obras. "El aval del gobierno nacional es importante, pero no hay ningún logro concreto de Nación en estas obras", afirmó Martínez, en respuesta a declaraciones del senador Pablo Cervi, quien había destacado el acompañamiento nacional.

El plan provincial contempla la pavimentación de rutas estratégicas, la implementación de peajes y controles de pesaje para camiones, y el desarrollo de infraestructura turística en localidades como Villa Traful, Aluminé y Junín de los Andes. Además, se prevé fortalecer el sistema de manejo del fuego con una inversión estimada en USD 6 millones.

Por su parte, la provincia de Río Negro, que también solicitó la transferencia de rutas nacionales, aún espera definiciones del gobierno nacional y exige la resolución de contratos de obra inconclusos antes de asumir nuevas responsabilidades.

El acuerdo y las inversiones buscan reducir el retraso en infraestructura vial, estimado en USD 4.000 millones, y potenciar la economía regional, el turismo y la integración binacional con Chile. El financiamiento internacional es interpretado como un respaldo a la capacidad de gestión y la estabilidad política de Neuquén, mientras el debate político continúa sobre el verdadero rol del gobierno nacional en el avance de estas obras.