El Sindicato de Camioneros y su obra social transfirieron cerca de $900 millones en apenas 12 días a tres fideicomisos vinculados a Liliana Esther Zulet, esposa de Hugo Moyano y administradora del holding de empresas relacionadas con el gremio. Las operaciones, realizadas entre el 5 y el 17 de septiembre de 2025, se concretaron en un contexto de crisis financiera en la obra social y bajo la sombra de investigaciones judiciales por presunto fraude.

Según documentos a los que accedió LA NACION, las transferencias se dirigieron a fideicomisos creados poco más de un año antes, todos con domicilio fiscal en la avenida Belgrano 1255, donde funcionan empresas del grupo familiar. Los fondos habrían terminado en compañías como Aconra, Dixey e Iarai, todas administradas por Zulet y sus hijos. "Las transferencias de dinero a estos fideicomisos o a estas empresas de Zulet son habituales, se hacen todos los meses", afirmó un dirigente moyanista bajo reserva, sugiriendo un posible vaciamiento de las cuentas sindicales.

La obra social del gremio enfrenta una deuda estimada en $60.000 millones, con solo uno de sus cinco sanatorios en funcionamiento pleno y servicios suspendidos para afiliados. El sindicato recurrió a aportes empresariales extraordinarios para sostener la obra social, pero ni siquiera estos fondos han logrado revertir la crisis. Pablo Moyano, secretario adjunto e hijo de Hugo, responsabilizó a Zulet por el déficit y se opuso a la venta de propiedades del gremio para cubrir la crisis.

En paralelo, la justicia investiga un presunto fraude de $13.000 millones en el Hotel 15 de diciembre de Mar del Plata, caso que podría ampliarse a las cuentas del sindicato en Buenos Aires. Por este motivo, dos dirigentes de confianza de Moyano fueron desplazados y están imputados en la causa. A pesar de las denuncias históricas, como la presentada por Graciela Ocaña en 2010, la mayoría de los expedientes judiciales no han avanzado significativamente.

El holding familiar de Zulet y Moyano ha expandido su influencia en diversos rubros, desde la salud hasta la construcción y la industria textil, con empresas que dependen casi exclusivamente del gremio. La situación financiera y judicial del sindicato y su obra social sigue generando preocupación entre afiliados y dirigentes, mientras el futuro del "imperio camionero" permanece incierto.